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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre de 2017.
La titular del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, acudió ayer a la sede del Máximo Tribunal a presentar la séptima impugnación contra la Ley de Seguridad Interior, luego de que el viernes pasado lo hicieran senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Explicó que la ley contiene un precepto transitorio que obliga a los organismos constitucionalmente autónomos a entregar datos a las Fuerzas Armadas en labores de inteligencia, para efectos de seguridad interior, lo que consideró que invade la competencia de la CDHDF.
“Hay una disposición sobre la obligación que tenemos de dar datos personales cuando nosotros somos un órgano que trabaja sobre la privacidad y los datos personales de quienes están sujetos a proceso y de protección de sus datos, vida e integridad física, tales como los desaparecidos y gente que ha recibido tortura. Entonces, presentamos esta controversia constitucional porque estos artículos invaden nuestra competencia y no nos permitirían cumplir nuestras obligaciones de protección de derechos”, apuntó.
Indicó que estos preceptos ponen en riesgo a las víctimas, porque sus datos personales no estarán protegidos e invaden la competencia de la comisión, por ser la encargada de salvaguardar la información de quienes acuden a ella para poder presentar sus quejas.
Esta obligación de entregar la información también implica que, de no aportar los datos requeridos, los organismos autónomos podrían ser sujetos de sanciones, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas.
La comisión solicitó a la SCJN considerar la posibilidad de abrir audiencias públicas y establecer un diálogo con la sociedad civil para tener un panorama más amplio y poder resolver sobre las impugnaciones contra la ley.
“La Ley de Seguridad Interior impacta en la vida y convivencia de todos los mexicanos, y dado todo lo que ha desatado estamos solicitando a la Corte que haga audiencias públicas”, explicó.
Conforme a la Constitución, la Comisión de Derechos Humanos capitalina está facultada como organismo autónomo para presentar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, por eso el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo deberá analizar si el escrito de demanda cumple con los requisitos necesarios para que la Corte admita la controversia.
