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La Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) revisó este año, 379 mil 372 operaciones financieras como parte de su estrategia de combate a delitos fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita .
De acuerdo con el informe de conclusión de la administración 2012-2018, la PGR extrajo 748 mil 538 registros e integró más de 174 diagnósticos en las indagatorias que realizó, entre ellas de los casos de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa ; Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y de Sonora, Guillermo Padrés Elías , acusados de lavado de dinero .
Apenas de la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la PGR tenga acceso a información bancaria sin autorización judicial ; la mayoría de los ministros coincidieron en que esta medida no vulnera el secreto bancario ni la protección de datos personales.
En el caso de los ex colaboradores de Javier Duarte de Ochoa procesados, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, acusó a los jueces de aplicar de manera retroactiva un criterio de la Suprema Corte de Justicia aprobado el año pasado, que obliga al Ministerio Público Federal a contar con una orden judicial para acceder a información financiera durante una investigación.
Ante ello, la PGR no ha judicializado más de 30 averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con el caso Duarte , porque teme que los jueces apliquen de manera retroactiva el referido criterio.
En el informe disponible en su sitio web, la dependencia destacó que en mayo de este año, desmanteló una red internacional de operadores financieros al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel del Golfo , integrada por seis personas de origen chino y cuatro de origen mexicano.
A los 10 sujetos se les aseguraron 10.4 millones de dólares americanos y 98 mil 819 pesos; fueron vinculados a proceso por un juez federal por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Según la investigación, la banda funcionaba como una especie de “banco” al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Golfo , antagónicos; las ganancias que ambas organizaciones criminales obtenían de sus actividades ilícitas, eran enviadas a este grupo que se encargaba de “lavar” los recursos realizando inversiones en bienes raíces y comercios.
La PGR señaló en el informe que su personal recibió capacitación en materia de operaciones con recursos de operaciones y recuperación de activos, delitos cibernéticos, así como en materia de falsificación de moneda, con la colaboración de la embajada de Estados Unidos en México, la Organización de Estados Americanos (OEA), la embajada de Reino Unido en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
mpb
