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Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron al gobierno federal que acate la sentencia que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, que ordena la creación del “mecanismo extraordinario” denominado comisión de investigación para la verdad y la justicia, porque “hasta ahora la indagatoria ha tenido un sesgo y la Procuraduría General de la República (PGR) tiene un conflicto de interés”.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C., destacó que la sentencia del tribunal también muestra que “la PGR tiene un conflicto de intereses natural. No le quita la potestad para seguir investigando, pero le establece controles externos, como la presencia de víctimas y sus representantes, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Patrón recomendó la participación de organismos internacionales y el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para colaborar en la investigación.
Explicó que la comisión “es un mecanismo extraordinario”, pero que no empieza de cero porque existe un cronograma de investigación construido entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Entre los puntos clave, Patrón resaltó el que el gobierno permita el libre acceso a todos los lugares donde haya elementos que sean necesarios para la indagatoria.
Calificó de devastador el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, que presentó la CIDH, porque “es claro que la investigación ha tenido un sesgo”, ha carecido de independencia y autonomía.
María Elena Guerrero Vázquez, madre de Giovanni Galindo, afirmó que con la sentencia y el informe, la teoría del “basurero quedó sepultada, la verdad histórica quedó hecha pedazos. Nos abre camino a otras líneas de investigación”.
Mario César González Contreras, padre de César Manuel González, exigió al presidente Enrique Peña Nieto que acate lo ordenado por el Poder Judicial e hizo un llamado a que haya voluntad política para garantizar económica y humanamente los recursos para la investigación.
Blanca Nava, mamá de Jorge Álvarez, afirmó que ahora tienen más esperanza de encontrar a los 43 normalistas y que la conformación de la comisión es una buena oportunidad para que regresen los expertos del GIEI, quienes han sido de gran importancia “porque con ellos descubrieron las anomalías y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los normalistas, dijo que los padres perdieron la confianza en el gobierno porque “la verdad histórica nunca existió y está sepultada”. Ante este panorama le exigen que acate la orden del tribunal porque “la justicia es lenta, pero llega”.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, comentó que el informe de la CIDH fue claro al decir que la investigación de la PGR está llena de irregularidades, y “la sentencia que emitió el tribunal es una oportunidad para alcanzar la verdad”.
Las exigencias de los padres de los normalistas se dan luego de que el lunes el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito emitió una sentencia en la que ordenó la creación de la comisión de investigación y justicia.
La resolución se dio tras una serie de amparos que fueron presentados por algunos de los acusados en el caso, quienes refirieron haber sido objeto de tortura, por lo que no se trata de juicios promovidos por las familias de los 43 estudiantes.
El miércoles pasado, la CIDH presentó en Washington el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, con el cual revisó el cumplimiento de 20 recomendaciones que emitió el GIEI a las autoridades mexicanas.
En el informe, la CIDH recriminó al Estado que aún no determine el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014. Señaló que la teoría oficial que dio la PGR, conocida como Verdad Histórica, quedó sepultada.
