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El proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Interior será enviado al pleno del Senado por las comisiones dictaminadoras, que lo revisarán esta semana, a fin de que el próximo miércoles 6, o a más tardar el jueves 7, tenga lugar el debate y votación definitiva, consideró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García (PRI).
Afirmó que la constitucionalidad del proyecto, más que sostenerse en ulteriores controversias ante la Suprema Corte, puede ser admitida por las organizaciones civiles que al momento la rechazan, una vez que la conozcan a detalle.
Burgos García dijo que la nueva ley respeta la Constitución, ya que la seguridad interior, en la que se desenvolverían Ejército, Armada y Fuerza Aérea, es una cara de la Seguridad Nacional, que compete a las Fuerzas Armadas.
Se prevé en la ley, indicó, el respeto a los derechos humanos, con diversas disposiciones, una de ellas es que en una actuación militar se daría vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La minuta de la Ley de Seguridad Interior fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, tras aprobarla en su sesión de este jueves 30 de noviembre, y la Mesa Directiva de la Cámara Alta le dio turno a las comisiones de Defensa, Marina, Seguridad Pública y Estudios Legislativos.
Entre lunes y martes podrían reunirse las comisiones para avanzar el dictamen a la minuta que PRI y PVEM apoyarían sin cambios para que éste pase al pleno.
El senador Enrique Burgos García subrayó que “no habrá acuerdos para el uso de las Fuerzas Armadas en manifestaciones pacíficas y en las que se ejerzan los derechos en relación con ejercicios electorales”, como ha sido la crítica de organizaciones civiles.
Las comisiones que dictaminarán el proyecto en los siguientes días, añadió Burgos, “seguirán abiertas a escuchar los diversos puntos de vista”, por parte de los grupos que se oponen a dotar a las Fuerzas Armadas de un ordenamiento legal que ordene su actuación.
Argumentó que la Ley de Seguridad Interior tiene artículos que respaldan y apoyan a las Fuerzas Armadas, cuya participación se ha requerido en zonas del país en las que crece la delincuencia organizada y rebasa la capacidad de las corporaciones policiacas estatales y municipales.
En el país no se han logrado policías suficientemente calificadas para garantizar la paz pública y es por ello que se ha requerido un marco legal para el desempeño de ellas.
