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Un juez federal ordenó suspender de plano el auto de formal prisión emitido contra el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, por los delitos de peculado y lavado de dinero, y que lo mantiene sujeto a proceso desde el pasado 12 de octubre.
El Juez Décimosegundo de Distrito en Tamaulipas concedió la medida a favor del ex mandatario en el amparo número 2042/2017 promovido contra la decisión emitida dentro de la causa penal 67/2017 que litiga la Procuraduría estatal.
La decisión no afecta la ejecución de la orden de detención provisional con fines de extradición realizada por la Procuraduría General de la República ayer, porque este es un asunto del orden federal y el amparo se refiere a un asunto del orden local.
En otro juicio, el mismo juez de amparo concedió la suspensión provisional contra la integración de la carpeta de investigación o averiguación previa que realizó la procuraduría local, misma que el ex mandatario calificó de ilegal.
Para conservar esta medida, el ex gobernador exhibió el 17 de octubre un billete de depósito por 2 mil 500 pesos como garantía requerida por el juez de amparo. Cuatro días después de ser detenido, la defensa de Hernández Flores promovió otro amparo ante el Juez Primero de Distrito en Tamaulipas contra la orden de aprehensión que había sido ejecutada.
En el expediente 2028/2017, el juez concedió la suspensión provisional y requirió una garantía de 10 mil pesos, mismos que también fueron exhibidos por el ex mandatario desde ayer.
A pesar de las medidas protectoras con las que cuenta el ex gobernador tamaulipeco y de que fue ejecutada la orden de detención con fines de extradición, Hernández Flores no será trasladado a un penal federal.
Esto, debido a que el Juez Décimo Primero de Distrito del estado de Tamaulipas concedió la suspensión provisional en contra de cualquier orden de trasladarlo del Centro de Ejecución de Sanciones local en el que se encuentra a un penal federal.
La confirmación definitiva de las medidas será decidida en las próximas semanas, una vez que la procuraduría y el juez de la causa rindan los informes requeridos por ley.
El gobierno de Tamaulipas acusa al ex gobernador de peculado y lavado de dinero.