Italia rechaza la extradición a México de Tomás Yarrington

Roma.— La Corte Suprema de Justicia de Italia rechazó ayer la solicitud de extradición del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington hecha por el gobierno de México y dejó en manos del ministro del ramo, Andrea Orlando, la decisión de extraditarlo a Estados Unidos.

Tras la decisión, adoptada bajo alegatos de que no existen condiciones adecuadas para la permanencia de Yarrington en la cárcel, los magistrados decidieron devolver el caso al Tribunal de Apelación de Florencia.

El abogado Luca Marafioti, uno de los defensores del ex gobernador mexicano, dijo que el ministro italiano de Justicia tendrá en sus manos la extradición de su cliente a Estados Unidos, país que también reclama la presencia de Yarrington Ruvalcaba para juzgarlo por narcotráfico.

La situación política italiana surgida tras las elecciones del pasado 4 de marzo, que no han permitido la formación de un nuevo gobierno, impide que el ministro Orlando tome la eventual decisión en contra del político mexicano.

En la actualidad, el Ejecutivo en funciones, encabezado por Paolo Gentiloni, está encargado sólo de resolver cuestiones administrativas.

El máximo tribunal subrayó que aunque las demandas de extradición de México y Estados Unidos fueron tratadas en un único procedimiento, ello no impide que sean separadas en consideración del resultado diferente para cada una de ellas en el recurso de impugnación.

Recordó que el ministro de Justicia italiano puede pronunciarse sobre la demanda de extradición (de Estados Unidos) en un plazo de 45 días contados a partir del depósito de la sentencia de la Corte Suprema (el pasado 4 de abril) y que una vez vencido tal plazo el detenido debe ser puesto en libertad si no hay definición.

Sobre Tomás Yarrington pesan acusaciones en México y en Estados Unidos. Es señalado en el Distrito Sur de Texas por presuntamente conspirar para violar las disposiciones del estatuto de Chantaje Civil, Influencia y Organización Corrupta (RICO).

También por conspirar para lavar dinero, para cometer fraude y para hacer declaraciones falsas a los bancos estadounidenses con garantía federal.