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El hallazgo de fosas en el país muestra que hay una modalidad estandarizada que se ha extendido y evidencía el panorama que se ha registrado en los últimos 10 años, indicaron Ángela Buitrago y Carlos Beristain , miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa , en el Coloquio Rastro de los Desaparecidos en América Latina .
Buitrago recordó que su visita en 2016 las fosas eran un tema que les preocupaba mucho y el reciente hallazgo en Veracruz, así como los tráilers con cuerpos en Jalisco, muestran que la situación “ha rebasado la capacidad institucional”.
“La noticia del hallazgo de fosas lo que nos permite decir es que hay una modalidad estandarizada en diferentes estados, como Jalisco y Guerrero”, metodología que se ha extendido en varios estados, lo que muestra que es algo sistematizado, destacó la experta.
Beristain indicó: “Es una historia que sabíamos que iba a pasar, era una situación en la que mucha gente estaba desaparecida y no había indicaciones ni investigaciones serias sobre el paradero. Eso hace evidente un panorama que se ha estado dando en los últimos 10 años en este país”.
Sin embargo, afirmó que hay un aspecto que se puede ver de manera positiva con estos hechos y eso es que el encontrar los cuerpos da visibilidad a las historias que han permanecido ocultas.
En el coloquio, Buitrago explicó: “no hay duda que la desaparición forzada es un mecanismo de gestión de vida, es un fenómeno criminal y de poder”, el cual termina siendo la disposición sobre quién vive y quién muere.
Para la experta, ese flagelo es una gestión del poder, por lo que cuestionó “¿quién tiene el poder?”, respondió que el Estado es el principal, pero que hay una construcción en la que intervienen más actores.
Enfatizó que no se ha comprendido cuáles son los elementos de la desaparición, que calificó como uno de los mayores crímenes que se han cometido, pero uno de los principales es eliminar la prueba, que es el sujeto, además de generar el anonimato del criminal y que no pueda ser investigado ni juzgado.
“La invisibilización se genera por intereses particulares de segregación y discriminación que articulan el crimen de genocidio”, enfatizó y añadió que la desaparición forzada puede ser un mecanismo o un método para forzar a la población para mantener silencio y para que no le importe lo que le sucede al otro.
Beristain coincidió con ella, al destacar que “algo que teje los casos de desaparición forzada son los pactos de silencio” para tratar de evitar la evidencia de las víctimas y el rastro de los culpables.
Dijo que la desaparición forzada es un delito permanente hasta que se llega a la verdad y por lo tanto también es un dolor que se mantiene entre los familiares de las víctimas, lo que aunado a la impunidad, genera la “impotencia aprendida”, porque los afectados terminan creyendo desde el principio de la investigación que no se puede hacer nada.
Beristain destacó que el estigma es el primer paso que conlleva a la justificación de la inacción y genera falta de solidaridad de la población con las víctimas y sus familiares, por lo que en algunos casos es necesario validar socialmente el dolor que causan esos crímenes. Para pasar a la política de transformación, recomendó que se debe dejar de solicitar a la gente el olvido, porque hacerlo sería como pasar la página sin leerla.
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