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El gobierno federal reconoció los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos , y asegura que por cada reto ha puesto en marcha acciones concretas, ésto como respuesta al Informe Anual publicado por la organización Human Rights Watch que destaca las violaciones de derechos humanos perpetradas por autoridades de seguridad.
“Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto , que se inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos — incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura — en el marco de acciones contra el crimen organizado ”, señala el resumen del informe sobre México .
A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la Procuraduría General de la República (PGR) reconocieron que el gobierno mexicano aún cuenta con desafíos importantes para garantizar el goce pleno de los derechos humanos, “por diversos factores internos y externos” y subrayó “que se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de estos retos”.
“Las instituciones que conforman el gobierno de México han instrumentado políticas públicas que incluyen acuerdos, lineamientos y capacitaciones, para regular el uso de la fuerza en todos los niveles , lo cual se refleja en la reducción de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ), y de las recomendaciones emitidas por ésta. En particular, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos existió una reducción del 76% en el número de quejas en el año 2017, en comparación con el año 2012”, indicaron.
A nombre del gobierno agradecieron el interés de Human Rights Watch por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo y reconocieron las observaciones tanto de ésta como de otras organizaciones de la sociedad civil , “reiterando el compromiso institucional, irrestricto e ineludible, por continuar trabajando en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos”.
En tres de los 12 puntos a los que hicieron expresa referencia, las secretarías de Estado enfatizaron el seguimiento que han dado a casos como el de Ayotzinapa , en el que mencionó que ha abordado de manera efectiva 95% de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); así como el de Tanhuato y Tlatlaya .
Se destacaron algunos desarrollos en cada ámbito de los que aborda el Informe de dicha organización:
• El 16 de enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyas disposiciones han incorporado los estándares internacionales más altos. La redacción de la Ley se basó en un proceso de consultas con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales, y se contó con la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH).
• El Estado mexicano está plenamente comprometido con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa , la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección los derechos de las víctimas. Por ello, continúa colaborando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, y con los familiares de las víctimas y sus representantes. El 95% de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido abordadas de manera efectiva.
• Se reitera el sólido compromiso de esclarecimiento y la sanción a los responsables de los hechos en e l caso Tanhuato , para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas. Existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares.
• Por lo que hace al caso de Tlatlaya, se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos.
• Las instituciones que conforman el gobierno de México han instrumentado políticas públicas que incluyen acuerdos, lineamientos y capacitaciones, para regular el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual se refleja en la reducción de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de las recomendaciones emitidas por ésta. En particular, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos existió una reducción del 76% en el número de quejas en el año 2017, en comparación con el año 2012 (último año de la administración pasada), ello aunado al hecho de que nuestras Fuerzas Armadas continúan siendo las instituciones de mayor prestigio en la opinión pública mexicana. También se han instrumentado cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas en la PGR.
• El Estado rechaza y condena tajantemente todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en general y en el marco de las investigaciones. La Ley General en la materia entró en vigor el 27 de junio de 2017 en todo el territorio nacional, sustituyendo a la ley federal y las leyes estatales.
• El gobierno de México reitera su más amplio reconocimiento a la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, al tiempo que rechaza categóricamente cualquier acto que busque limitar sus derechos y libertades fundamentales. Por ello, ha fortalecido sustancialmente el presupuesto y funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE); así como la coordinación con las entidades federativas.
• El 18 de junio de 2016 entró en vigor la reforma al sistema de justicia penal, una de las mayores transformaciones jurídicas e institucionales en la historia de México, que representa un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia. El nuevo sistema opera en todo el país para los delitos federales y del orden común, dando mayor agilidad y perspectiva de derechos humanos a los procesos.
• La violencia de género, la violencia doméstica y sexual, son violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Por ello, el Estado mexicano ejecuta normas e instrumenta programas con perspectiva de género y derechos humanos, destacando la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal. La Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005 garantizan el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción del embarazo en los casos de víctimas de violación sexual, en todo el territorio.
• México continúa esforzándose para fortalecer las capacidades institucionales que aseguren la protección de las personas migrantes -especialmente los niños, niñas y adolescentes- y solicitantes de refugio que transitan por nuestro país. En los últimos cuatro años, se otorgó el reconocimiento de la condición de refugiado a 6,473 personas y se otorgó protección complementaria a 1,657 más.
• Como se reconoce en el informe de Human Rights Watch, México ha avanzado en la protección de los derechos de las personas LGBTI, buscando eliminar la discriminación y violencia de que son víctimas. Se han elaborado diagnósticos nacionales en la materia y se han adoptado en los 32 estados leyes antidiscriminación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo; y 11 entidades federativas reconocen el matrimonio igualitario.
• México permanece comprometido con la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, a nivel nacional e internacional. Por ello, las autoridades trabajan para cumplir la Ley General que las protege, fortaleciendo los mecanismos para hacer efectivo el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD), incluyendo la coordinación con los estados; y el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018.
ahc
