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La resolución del tribunal que ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa “es violatoria de la división de poderes”, afirmó Alberto Elías Beltrán, suplente del titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
En entrevista con EL UNIVERSAL, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR anunció que analizan diversas estrategias jurídicas para aclarar la sentencia.
“Estamos en análisis para ver cuáles son los recursos que se pudieran promover por parte de la Procuraduría General de la República, para poder dar claridad en esta resolución que violenta el principio de división de poderes, violenta el artículo 21 constitucional, no nada más para la PGR, sino para el Ministerio Público en general”.
De la investigación en el caso del candidato presidencial Ricardo Anaya, indica que la actual etapa es de “secrecía”.
En los casos de los ex gobernadores acusados de desvíos de recursos y otros delitos, las investigaciones seguirán avanzado sin importar que esté por concluir el sexenio, aseguró el funcionario en suplencia del procurador General de la República.
Alberto Elías Beltrán afirmó que 10 ex mandatarios han sido procesados y algunos de ellos, como el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y los quintanarroenses Roberto Borge Angulo y Mario Villanueva Madrid, fueron extraditados a México para enfrentar la justicia.
Aunque no ahondó en cada uno de los políticos acusados, señaló que las indagatorias continúan su curso y resaltó que con en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio se han podido recuperar recursos de las entidades que fueron afectadas en su patrimonio.
“Nos ha permitido tener procesos, importantes y de manera rápida, pero también repararle a la sociedad lastimada y ofendida por estos delitos, repararles el daño a través de acuerdos reparatorios”, afirmó.
Sobre los dos años de la operación total en el país del sistema penal acusatorio, el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República comentó que hace falta mucho por avanzar para su verdadera implementación.
“Considero que no es un sistema que se le pueda denominar como puerta giratoria, es un sistema garantista y que establece con claridad cuáles son los delitos con prisión preventiva oficiosa. Lo que tenemos que hacer para evitar esa denominada puerta giratoria es fortalecer nuestras capacidades, hay una serie de medidas cautelares, incluida la prisión preventiva justificada, en donde se puede lograr, en ciertos casos, esa medida cautelar y puedan llevar sus procesos encarcelados”, refirió.
No habrá impunidad
¿Cómo va a proceder la PGR ante la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, que ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa?
—Estamos en análisis para ver cuáles son los recursos que se pudieran promover por parte de la Procuraduría General de la República para poder dar claridad en esta resolución que violenta el principio de división de poderes, violenta el artículo 21 constitucional, no nada más para la PGR, sino para el Ministerio Público en general.
¿Qué alternativas analizan?
—Estamos analizando diversas estrategias, es importante porque es una resolución definitiva, no hay recurso propiamente, entonces hacemos el análisis y seguramente anunciaremos cuando se presente el procedimiento, recurso e incidente que se pudiera promover para aclarar perfectamente esta sentencia. [Debemos] tener claridad de qué es lo que tenemos que resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Poder Judicial, que es evitar un exceso en una resolución de este tipo.
¿Hay elementos nuevos en la investigación por la presunta red de lavado de dinero del empresario Manuel Barreiro, en la que se implica a Ricardo Anaya?
—Estamos en investigación, no podría informar más porque estamos en una etapa de total secrecía. Ya se hizo una judicialización y se han hecho acuerdos reparatorios, que se han hecho públicos.
¿En los casos de los ex gobernadores habrá impunidad?
—Se dice mucho que en el tema de los ex gobernadores pudiera haber un grado de impunidad, no lo creo. Por parte de la Procuraduría General de la República tenemos procesados a 10 ex mandatarios, hemos logrado extradiciones, está por llegar una tercera persona [Tomás Yarrington], de la cual se solicitó la extradición en Italia. Ya está en Estados Unidos, porque se hizo un acuerdo, porque si no íbamos a entrar a un litigio a nivel internacional entre los países que lo requieren.
Se acordó entre el ex procurador Raúl Cervantes y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, y en el momento que le dicten sentencia enfrentará la justicia mexicana y así tenemos varios casos. Con el nuevo sistema hemos logrado aplicar criterios de oportunidad, recuperar recursos de las entidades federativas que fueron afectadas y esto nos ha permitido tener procesos importantes y de manera rápida, pero también repararle a la sociedad lastimada y ofendida por estos delitos, reparar el daño, a través de acuerdos.
En julio se vence el plazo que un juez dio a la PGR para cerrar la investigación complementaria contra el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. ¿Está firme la indagatoria?
—Está sólida la investigación, con lo que se logró la imputación. No hemos dejado de investigar, en una etapa complementaria tenemos que seguir indagando para fortalecer y entrar en una etapa intermedia mucho más robustecida y, en su momento, llegar al juicio oral con una acusación sólida como lo tiene que hacer la PGR, no nada más en este caso, en todos.
¿ Y el caso Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit?
—Seguimos con las indagatorias.
¿Se están cayendo las acusaciones contra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés?
—Ahí lo primero que se desvirtúa es [el delito] de delincuencia organizada, aunque su proceso es conforme al [sistema penal] tradicional, no conforme al acusatorio; sin embargo, se le aplican beneficios conforme al sistema acusatorio, entre ellos, si no hay un delito considerado de prisión preventiva oficiosa, puede otorgársele seguir el proceso en libertad.
¿Tiene PGR alguna investigación contra la esposa de Javier Duarte, Karime Macías?
—No tenemos ninguna investigación del orden federal, tenemos conocimiento de que es la Fiscalía General de Veracruz, como lo ha anunciado, la que la investiga.
¿En qué estatus se encuentra la investigación del caso Odebrecht?
—Seguimos indagando y necesitamos judicializar para tener un caso sólido en una etapa de imputación, en una audiencia de vinculación y tener solidez para concluir la etapa de investigación complementaria, lleguemos a la etapa intermedia y con una investigación fuerte para el momento en que se deba judicializar.
¿Cómo ha sido la colaboración internacional con México?
—Se han hecho solicitudes a nivel internacional y no podría decir, por la secrecía de la investigación, a qué países. Es un procedimiento en muchas ocasiones lento, las solicitudes de cooperación internacional, es algo que comentamos en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
¿Antes de que concluya este sexenio van a avanzar en los casos pendientes?
—Vamos a avanzar en todos éstos, la PGR sigue trabajando en sus investigaciones, en sus casos, ya sea en la investigación inicial, complementaria, en la etapa intermedia, funcional. En fin, vamos a seguir trabajando y lo estamos haciendo también enfocados en esta arquitectura institucional que requiere la procuración de justicia.
¿La autonomía de la próxima fiscalía no garantiza un combate efectivo a los delitos?
—No, porque es una cuestión de procesos, estos cambios en los procesos para tener una arquitectura institucional. Lo que necesitamos es tener procesos acordes. ¿Cuál es el otro reto importante? Tener una capacitación homogénea a todos los operadores del sistema penal acusatorio.
¿Es necesario reformarlo?
—Yo creo que sí podría haber algunos cambios, pero finalmente creo que con lo que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con las reformas que han venido dándose, es suficiente con lo que tenemos y con las interpretaciones que a través de diversas acciones de inconstitucionalidad ha determinado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿El contexto de violencia que vive el país ha afectado la implementación del nuevo marco jurídico-penal?
—Yo diría que evidentemente es un reto, pero claro que el sistema de procuración de justicia tiene las capacidades tanto a nivel estatal como federal para lograr una correcta implementación o consolidación, más que una implementación, una consolidación del sistema penal acusatorio. En México tenemos la capacidad para lograrlo y lo vamos a hacer de manera institucional, con la presencia de todas las procuradurías y la PGR, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que cada vez se vuelve más institucional, progresiva y de mayor coordinación.
Se responsabiliza al nuevo sistema penal del aumento de la incidencia delictiva y que es la puerta giratoria para los delincuentes, ¿coincide?
—Considero que no es un sistema al que se le pueda denominar como puerta giratoria, es un sistema garantista y que establece con claridad cuáles son los delitos con prisión preventiva oficiosa. Lo que tenemos que hacer para evitar esa denominada puerta giratoria es fortalecer nuestras capacidades, hay una serie de medidas cautelares, incluida la prisión preventiva justificada, en donde se puede lograr, en ciertos casos, esa medida cautelar y puedan llevar sus procesos encarcelados. Un tema que se tocó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es el establecimiento de lineamientos claros y potencializar las capacidades del Ministerio Público para poder aplicar estas solicitudes de medidas cautelares al juez de control.
¿Qué balance hace de la implementación del sistema penal?
—Se ha avanzado bastante en la implementación a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal; sin embargo, hay que reconocer que nos hace falta todavía mucho por avanzar en una verdadera implementación en la que se logren los importantes fines de este nuevo sistema, que pone como eje central a la víctima y lo que busca es el esclarecimiento de los hechos, la reparación del daño a las víctimas, evitar impunidad y el encarcelamiento de los responsables.
Para poder lograr el fin principal que busca este sistema se tuvieron que emitir otras tres leyes a nivel nacional: la de mecanismos alternativos de solución de controversias, la de justicia para adolescentes y la de ejecución de penas. Eso es lo que permite cerrar a nivel procesal y de manera muy importante las reglas claras, para que sea, lo debemos entender todos, un derecho humano y por ende tiene que ser igual en todo el territorio nacional.
¿Cuál es el principal reto?
—Diría que es la arquitectura institucional de las procuradurías y fiscalías, y de la PGR con base en ese modelo derivado de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.
