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En plena adolescencia, “María” y “Delia” fueron enganchadas por el cártel de Los Caballeros Templarios en la región de Tierra Caliente, Michoacán, para que les “pusieran” a sus enemigos.
Apenas cursaban la secundaria cuando fueron convencidas por miembros de la célula criminal de Sergio Gilberto Gómez Romero, El Chanda, uno de los narcotraficantes más buscados de la región, que operaba en Parácuaro y que en 2017 fue detenido por el Ejército y la procuraduría local.
“María” y “Delia” eran enviadas a bares, centros nocturnos y restaurantes para ganarse la confianza de clientes e identificar quiénes eran de Los Viagras y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enemigos de los templarios.
Ellas los identificaban y después hacían un señalamiento a los templarios, quienes de inmediato los asesinaban. A cambio las jovencitas recibían un pago en efectivo.
Un día las cosas salieron mal y el grupo criminal que las captó, el de El Chanda, intentó asesinarlas. Las llevaron a un paraje y les dispararon.
Al recibir el primer balazo, “María” se tiró al suelo y se hizo pasar por muerta. Fue herida en la mano, cara y otras partes del cuerpo. Logró sobrevivir.
Cumplido el encargo, los sicarios se fueron del paraje y al ya no verlos “María” se acercó a “Delia”, pero ella estaba muerta.
Después de unos minutos, los asesinos regresaron a verificar que estuvieran muertas; sin embargo, se percataron de que “María” no estaba ahí. Escapó herida.
Ella es una de las 159 víctimas directas de trata de personas, mexicanas y de otras nacionalidades, que han sido atendidas durante este sexenio en la Casa Refugio, un centro especializado de máxima seguridad al que ingresan mujeres que se encuentran en un riesgo grave.
Tras recibir terapia grupal y capacitación para el trabajo a través de talleres, “María” superó las secuelas y ahora está empoderada.
El coordinador general técnico y encargado del despacho de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR, Juan Manuel Zavala Evangelista, explicó que se trata de un refugio con personal capacitado en el que las víctimas pueden estar sin ningún peligro por un tiempo máximo de 90 días.
“Este número parecería reducido en cuanto a número de víctimas, pero aclaro que son sólo aquellas a las que, por situación de la investigación, fue necesario ingresarlas a este refugio de máxima seguridad, en donde no se permiten visitas, sólo un número limitado de servidores públicos conoce su ubicación, previa firma de compromiso de confidencialidad”, precisó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elabora un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, pero adelantó que un foco rojo de principal preocupación son las niñas y mujeres indígenas de todo el país, particularmente las que habitan los estados de la región sur-sureste.
En el marco del Día Mundial contra la Trata, Zavala Evangelista comentó que las ciudades con mayor incidencia de este delito son: Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo; Tapachula, Chiapas; Acapulco, Guerrero; Ciudad de México; Tlaxcala; Puerto Vallarta, Jalisc, y Los Cabos, Baja California Sur.
Advirtió que en los últimos dos años la PGR detectó una captación intensa de mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana que son traídas a México con fines de explotación sexual: “Tenemos un número importante de casos en las ciudades de Cancún y Mérida”, afirmó.
Esta situación, expuso, se genera por la crisis económica que atraviesa Venezuela, donde muchas mujeres, algunas con licenciatura, han salido de su país con rumbo a México y otras naciones, porque son engañadas por los tratantes.
“Hemos hecho del conocimiento de la Interpol este fenómeno para que sea comunicado a través de sus sistemas de alertamiento con otros países de la región, para que sea atendido este fenómeno”, explicó.
El fiscal señaló que la PGR intensificó los trabajos de mapeo georeferencial en coordinación con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la Agencia de Investigación Criminal, para identificar rutas de traslado y puntos con alta incidencia de trata de personas.
