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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por medio de la tercera visitaduría, advirtió que es una bomba de tiempo el sistema penitenciario en el Estado de México, Nayarit, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa, entidades en las que hace falta voluntad de las autoridades.
La situación, dijo al respecto el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, es de una severa crisis en los centros de reclusión del país.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la tercera visitadora general, Ruth Villanueva, hizo un llamado al Poder Judicial para que los jueces de ejecución tomen en cuenta la peligrosidad de los internos que están en una prisión estatal y puedan ser removidos a un penal federal.
Destacó que las entidades mencionadas, en lugar de avanzar para lograr que sus cárceles estén a la altura de los estándares, van en retroceso.
En ese sentido, la visitadora insistió en que “no es un tema de recursos, es tema de voluntad”.
“Tenemos algunas entidades que verdaderamente no se alertan con los señalamientos que hacemos; se señalan una y otra vez las irregularidades y en muchas ocasiones no hacen caso. Normalmente son los mismos centros con las calificaciones ínfimas; son muy pocos los que se comprometen y trabajan alrededor de lo que nosotros estamos insistiendo”, indicó.
Mencionó que a pesar de las recomendaciones generales, informes, pronunciamientos y continuas a las prisiones estatales “hay ocasiones en las que quedan en el papel”.
Villanueva comentó que si bien hay entidades que se han preocupado por su sistema penal, “hay otras a las que no se les ve esta voluntad; creo que el tema es insistir en esas entidades y trabajar para que puedan alcanzar los estándares”.
Como lo ha señalado el diagnóstico penitenciario que elabora la CNDH, en las prisiones locales existe hacinamiento, cobro de piso, insuficiencia de personal y mala clasificación de internos, lo que genera que normalmente un grupo de internos tenga el control de las prisiones.
“La CNDH en verdad se ha preocupado por eso, tenemos recomendaciones generales, informes, pronunciamientos, visitas continuas y esto es algo que nos tiene que ocupar, más que preocupar, si queremos tener un buen sistema penitenciario en México”, enfatizó.
La visitadora comentó que, por más moderno que sea el centro de reclusión, si no se garantiza que el personal esté capacitado y preparado de nada servirá tener un buen penal.
Advirtió que la Organización de las Naciones Unidas, en 2015, emitió sus reglas para el tratamiento de reclusos, llamadas reglas Mandela, sin embargo, hay autoridades estatales que no las conocen.
Al preguntarle si los penales en los estados a los que mencionó que tienen problemas, son una bomba de tiempo, Ruth Villanueva se concretó a decir que sí y que por eso era necesario la debida clasificación de los internos.
“Hemos insistido en el trabajo del Poder Judicial que tiene que hacer de la mano con el cambio en el sistema de justicia penal. Hay una figura de juez de ejecución penal que tiene que caminar de la mano con el Poder Ejecutivo.
“Si se tiene la necesidad de un traslado, el juez tiene que estar totalmente interiorizado de la problemática; si no se lleva a cabo, hemos tenido casos como en Tamaulipas, que hubo un motín, muertos, se hacen los traslados y luego el juez dice que lo regresen”, explicó.
Agregó que la labor del juez de ejecución es un gran reto en donde el Poder Judicial tendrá que tener una participación amplia para trabajar y conocer el objetivo del sistema penitenciario.
“[Tenemos que] buscar las mejores posibilidades para que las personas que estén en prisión estén en las mejores condiciones. Tenemos personas procesadas y sentenciadas en cárceles municipales en donde le juez de ejecución no acepta que salgan de esas cárceles”, indicó.
¿Parece que el tema del sistema penitenciario en los casos mencionados no está en la agenda porque no es redituable?, se le preguntó.
“Es triste oír lo que dice, pero tendría que estar en la agenda de todos si efectivamente queremos tener un buen sistema de justicia penal. La sociedad es la que pierde. Creo que ha habido una desatención importante”, dijo Ruth Villanueva.
Crisis severa. Entrevistado por separado en el Senado de la República, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, subrayó que “tiene que haber solución. No soy catastrofista, sí veo que hay una crisis severa en centros de internamiento en las entidades federativas, pero creo que si se dan tres circunstancias [habría solución]: uno, que es contar con los presupuestos, no solamente el federal, sino que los gobiernos también le aporten. Dos, voluntad política, y, tres, una adecuada coordinación entre la federación y las entidades federativas”.
Recordó que la CNDH había advertido las condiciones de autogobierno en éste y en otros penales.
“Nosotros lo que observamos es que la autoridad no ejerce sus funciones, o cogobierna y de plano se ausenta de esa gobernanza”, dijo.
Llamó a los gobiernos locales a tomarse en serio y atender las recomendaciones del organismo sobre la situación en los penales del país, porque en la prisión de Chiconautla, Estado de México, donde operaba Luis “N”, identificado como El Tatos, ya habían advertido que había condiciones de autogobierno.
“No buscamos agraviar a ningún gobierno, sino coadyuvar con ellos, hacerles ver y mostrarles lo que está pasando en sus centros penitenciarios, pero a veces lo toman como agravios, y por no tomarlo con la seriedad que implica la violación a los derechos humanos de los internos vemos cosas tan terribles como las que observamos recientemente”, dijo.
González Pérez recordó que entre los principales problemas de los penales se encuentran el hacinamiento, sobrepoblación y autogobierno en muchas de las entidades.
“Y un tema de salud: los internos deben pagar las consecuencias de su conducta, pero eso no les inhibe de sus derechos, como el derecho a la protección a la salud”, advirtió el ómbudsman nacional.
