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La atención eficiente al acoso y hostigamiento sexual que sufren las mujeres en el ámbito laboral debe pasar por la armonización de los códigos penales en el país, afirmó la directora del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, Elsa Conde.
Explicó que del monitoreo realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se observa que no se tipifica el acoso sexual en 11 estados: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Tabasco, Yucatán y Zacatecas; el resto de las entidades, 21, sí.
La Federación y 29 entidades tipican el hostigamiento, lo que no sucede en Campeche, ni CDMX, ni Querétaro. Conde afirmó que las penas por estas conductas oscilan entre los seis meses a siete años de prisión y varían en cada lugar.
La mayoría de los casos, refirió la funcionaria, se presentan cuando existe una posición jerárquicamente inferior, pero 60% de las mujeres que trabajan en una dependencia pública desconocen los mecanismos que tiene que usar la dependencia para interponer la denuncia.
“Un problema que estamos viendo, que es justamente el de los diagnósticos, es que 60% de las personas que trabajan en la administración pública federal no tiene conocimiento claro de cuáles son los mecanismos que debe usar la dependencia para hacer la denuncia”, lamentó Conde.
ONU insta a México a tener protocolos. Recordó que en su informe de 2012, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la ONU instó a México a fomentar la implementación efectiva del protocolo para la intervención en casos de hostigamiento sexual en la administración pública y adoptar medidas semejantes para su prevención en el sector privado.
Agregó: “Los códigos penales de diversas entidades federativas han incorporado el acoso sexual como un tipo penal específico, señalando en términos generales expresiones verbales o físicas degradantes en relación a la sexualidad de la otra persona”.
Prepara informe. Anunció que la CNDH alista un informe sobre las acciones que realizan las dependencias de la administración pública federal, para prevenir, atender y erradicar el hostigamiento y acoso sexual.
“No lo hemos publicado porque queremos sumar a nuestro estudio los resultados de 2017 y lo que hicimos fue establecer un convenio de colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), que está encargada de realizar un cuestionario sobre cultura de la igualdad dentro de las instituciones”, afirmó.
Detalló que a través de la aplicación de cuestionarios, la Función Pública identifica la prevalencia de casos de acoso y hostigamientos sexual que se dan dentro de las dependencias públicas.
Recalcó: “Uno de los problemas que tienen los protocolos de actuación ante esa problemática en las dependencias públicas es que derivan sólo en sanciones administrativas sin tener una corresponsabilidad clara con lo que establecen el código penal federal y los locales cuando se cometen este tipo de conductas”. Por lo que, apuntó Conde, se requieren adoptar medidas para que cuando se confirme la comisión de dichos delitos a través de la denuncia de la víctima, se pueda transitar más allá del ámbito administrativo.
