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A un mes de que Marco Antonio Sánchez Flores fue detenido y localizado cinco días después, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia dieron a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano información oficial sobre la investigación del joven, especialmente sobre su situación de salud y la protección a su integridad.
En un comunicado conjunto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Oficina de Defensoría de los Derechos de las Infancia (ODDI) así como el Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP), indicaron que en la última visita de Esmeralda Arosamena de Troitino, relatora para México y de derechos de la niñez de la Comisión, dialogó con la familia del estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM quienes le proporcionaron detalles del caso.
Las tres organizaciones aseguraron que los derechos del joven continúan siendo violentados y se dificulta el acceso a la justicia, debido a que tras 25 días de hospitalización en el Instituto Nacional de Pediatría (INP)y el Instituto Nacional de Neurología (INN), la familia tiene restricciones para estar acompañando al joven.
Los organismos exigieron una investigación independiente de la carpeta de investigación a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), debido a que se encuentra “llena de inconsistencias”, con la coadyuvancia y participación activa de la familia de Marco, su equipo de defensa y la supervisión de organismos internacionales de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH), Amnistía Internacional (AI) y la CIDH.
Saludaron el anuncio realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) quien informó que el caso de Marco Antonio será el primero que investigue la recién creada Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, “lo cual permitirá que se amplíen las pesquisas hacia la policía y autoridades del Estado de México”.
Las organizaciones señalaron que la procuraduría capitalina sigue sin investigar e informar qué le sucedió a Marco Antonio los cinco días posteriores a su desaparición en los que hasta ahora no se tiene registro de evidencias, ni una explicación sobre lo que le hicieron para presentar un cuadro de daño sicológico.
Reclamaron que las acciones de las autoridades de la capital se han mantenido en la negativa de reconocer e investigar con el estándar más alto posible este hecho, reduciéndolo a “un error de protocolo” y “abuso de autoridad”, además de señalar que se han filtrado informaciones de la carpeta de investigación “con el objetivo de criminalizar” al adolescente.
“Se le negó el acceso a la carpeta de investigación y al expediente médico por instrucciones del Ministerio Público; se mantuvo por semanas el hostigamiento a la familia y al principal testigo de los hechos y al equipo de defensa hasta que se logró la protección de la Policía Federal (PF) a través de un amparo promovido por la defensa”, aseguraron.
