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Aunque no es considerado como un delito, la amenaza o extorsión en el transporte público, y ahora también a los transeúntes, es una práctica que apela a la lógica del terror, puesto que los sujetos recurren a la intimidación verbal para conseguir un apoyo económico.
Frases como: “Acabo de salir de la cárcel por asesinato y no quiero volver, mi gente” y “esta vez no les vengo a robar, pero vengo pidiendo su cooperación”, son las que se utilizan con mayor frecuencia en la Ciudad de México y en la zona metropolitana.
Especialistas indican que estas situaciones no representan un crimen, por lo que las denuncias que se llegan a efectuar por parte de la ciudadanía no trascienden.
Afirman que quienes cometen ese delito han encontrado en este tipo de ejercicios una manera de vivir, sin caer propiamente en el robo, porque el “miedo” que infunden en las personas hacen que éstas voluntariamente den su dinero.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2017), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que en 2017 se cometieron un millón 986 mil 90 robos de dinero, así como otros objetos, pero no de celulares, en la calle y el transporte público.
Las víctimas indicaron al Inegi que las personas que cometieron esos delitos estaban alcoholizadas o bajo el influjo de alguna droga.
La cifra representa un incremento de 2.4% más que en el año 2016, en el que se registraron un millón 938 mil 408 robos de este tipo. Estar bajo los efectos de un estupefaciente o alcohol los vuelve más peligrosos, a decir de los especialistas.
Expertos comentan que el problema de la drogadicción y el alcoholismo es social y el gobierno tiene la obligación de generar políticas que prevengan el fenómeno. Declaran que la solución se encuentra en voltear a ver el núcleo familiar y preguntarse: “¿Por qué ese joven se droga en lugar de trabajar o estudiar?”.
El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, indica que estos actos son “un fenómeno que no está registrado. No sabemos el tamaño porque tampoco hay un delito detrás. Tú no puedes decir que es un robo, porque estás dando voluntariamente tus recursos y consientes esto, aunque te sientas obligado”.
El pedir dinero a transeúntes también es una práctica muy común. Al caminar sobre la vía pública, estos individuos se acercan y comienzan a andar junto a las persona pidiendo dinero, en muchas ocasiones usan un lenguaje amenazante. “Dame cinco pesos, ándale… Ah, ¿ya ves cómo eres? Ráscale a la bolsa, si se ve que ahí traes”, dicen mientras fijan una mirada desafiante, se advierte en un recorrido por la zona centro de la Ciudad de México.
Para Daniel Cujama, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la práctica de subirse al transporte público o de abordar a alguien en la calle utilizando un lenguaje “canero”, referente al utilizado en la cárcel, para pedir dinero no es un delito, puesto que para que se considere una falta penal es necesario que las víctimas no estén de acuerdo en dar dinero. También mencionó que uno de los grandes problemas que tiene la política criminal en México es querer penalizarlo todo, por lo que considera que no es necesaria una sanción para las personas que se dedican a esto.
Afirma que las cárceles generan más problemas de los que resuelven y que la falta de oportunidades laborales o educativas orilla a estos jóvenes a encontrar esta forma de sustento.
Cerebros tóxicos
Desde el punto de vista sicológico, Eduardo Calixto, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría, asegura que estos “cerebros tóxicos” saben perfectamente que rompen la estabilidad de las personas a través de mensajes nocivos, provocando ansiedad y miedo.
Explica que al romper el control de la situación se activan estructuras cerebrales, por ejemplo la amigdala cerebral, y se produce una sensación de incertidumbre y, al mismo tiempo, de lucha o huida. Por eso la mayoría de las personas opta por el escape a través del pago.
El agresor sabe que está recurriendo a conductas violentas para obtener lo que busca y esas mismas acciones tienen la característica de que entre más la practican, el atacante menos la entiende como una amenaza: mientras más lo haga, el sujeto menos lo comprende como si fuera un acto violento, lo normaliza.
El especialista en neurofisiología subraya que cuando se presenta una situación con un nivel alto de estrés, todas las personas implicadas en la acción buscan mantener su estabilidad, por lo que el tensión opaca la sensación de querer ayudar a alguien.
Además, muchas veces estas personas llevan a cabo estos actos porque les produce placer, lo que les empuja a tener conductas que socialmente no están permitidas.
Para la directora del laboratorio de Neuro-psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Feggy Ostrosky, el que existan individuos que pidan dinero en transportes públicos o en la calle no representa un argumento violento, sino que apela más a la caridad. Señala que el problema es que existe un sistema de justicia que es punitivo y no restaurativo como debería ser.
“Las cárceles son verdaderas escuelas del crimen. Para sobrevivir tienes que cerrar tus niveles de empatía, porque si no, no sobrevives”, indica. La experta menciona que 60% de quienes salen de la cárcel reingresan tiempo después; sin embargo, lo hacen por delitos más graves.
La directora afirma que el ex convicto, al momento de salir de la cárcel lo hace con un vacío en los niveles de empatía, además de que las penitenciarías no le proporcionan ninguna habilidad productiva o benéfica. El sistema no lo rehabilita y por ello recurre a la “caridad”, porque no puede reinsertarse a la sociedad.
“El concepto de delito es de acuerdo con cada caso en concreto”, así lo menciona César Augusto Berumen Orozco, coordinador estratégico de la Dirección Jurídica del Consejo Ciudadano: “Hay desde discursos muy amenazantes, hasta otros que pueden encuadrar en una extorsión.
“La mayoría de los casos va encaminado a una amenaza. Dicen que acaban de salir de un reclusorio y que si no cooperan les puede pasar algo o que los van a robar. Se estaría configurando una amenaza y pueden denunciar ante la agencia del Ministerio Público correspondiente. Cuando el mensaje sube de tono y los obligan de plano a dar dinero o de lo contrario [van a sufrir] algún daño, estaríamos hablando de extorsión”, afirma el experto.
El delito de amenaza es correspondiente a una sanción que va desde los tres meses hasta un año de prisión, con una multa de 360 unidades de Medida y Actualización, mientras que el de extorsión se castiga con una pena de dos a ocho años de prisión y de 100 a 800 días de sanción.
Berumen Orozco señala que en ambos casos la penalidad es realmente baja y esto ocasiona que las personas no se sientan con la seguridad de denunciar, porque “al poco rato salen”; sin embargo, declara que es importante que la ciudadanía denuncie, porque el Consejo Ciudadano cuenta con distintos servicios para hacer más segura la queja ante el Ministerio Público. Los puntos donde hay un mayor índice de esta práctica son en avenida Congreso de la Unión en su cruce con Fray Servando, y Eduardo Molina, con Eje 1 Norte, en la Ciudad de México.
El Consejo Ciudadano recomienda no dar el dinero que estas personas piden, evitar la joyería y no utilizar el teléfono celular en el transporte público. Es muy importante también no quebrarse emocionalmente, puesto que el individuo que exige el dinero cuenta con ello y, sobre todo, ir con las autoridades. Si no se denuncia, el delito queda en la impunidad.
Aplicaciones usadas contra la extorsión
teléfonos inteligentes pueden ser muy útiles en distintos casos y momentos del día. Los programas se han convertido en verdaderas herramientas para prevenir una situación lamentable. En el tema de seguridad pública existen, entre muchas otras, dos particularmente útiles que ayudan a prevenir extorsiones y nos contactan con el agente más cercano. Mi Policía En Defensa de la Sociedad es una aplicación para celulares que tiene por objetivo acercar a los oficiales al llamado de un ciudadano y reducir a menos de tres minutos el arribo del agente en situaciones de emergencia. Es una aplicación gratuita que permite acceder a información del cuadrante en el que el usuario se ubica, poniéndolo en contacto con el elemento policiaco más cercano. Otra aplicación que ayuda a prevenir casos de extorsión es No más XT, desarrollada por el Consejo Ciudadano en la Ciudad de México. La herramienta, con más de 100 mil números telefónicos en su base de datos, alerta a los usuarios cuando cualquiera de ellos quiera contactarlo. Si recibe una llamada de un número nuevo desde el que se pretenda extorsionar, puede sumarlo a la base de datos, a través de una denuncia ante el Consejo Ciudadano.
