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A más tardar el jueves de esta semana, las comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas de personas desaparecidas deberán estar listas en las 32 entidades del país. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped) en México hay más de 33 mil casos, sólo que hasta ahora en 12 estados no existe una fiscalía especializada.
Sobre la Comisión Nacional de Búsqueda, organizaciones concluyeron su consulta para presentar propuestas al presidente Enrique Peña Nieto, hasta ahora perfilan a Roberto Cabrera Alfaro, actual coordinador de Estrategia del Sistema de Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), como titular de esa nueva institución.
Datos oficiales señalan que los estados con más personas no localizadas son: Tamaulipas, con 5 mil 991; Estado de México, con 4 mil 217; Jalisco, con 2 mil 971; Sinaloa, con 2 mil 819; Nuevo León, con 2 mil 560; Chihuahua, con 2 mil 99; Puebla, con mil 695; Coahuila tiene mil 630; Guerrero cuenta con mil 374; Sonora, con mil 288; Michoacán tiene mil 59; Baja California, con mil 26, y Veracruz, con 524.
Según la Ley de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en vigor desde enero, las fiscalías tendrán facultad para investigar y perseguir esos ilícitos, mientras que las comisiones ejecutarán y darán seguimiento a las actividades en coordinación con las autoridades.
También el 15 de febrero se nombrará al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de emitir y ejecutar el programa nacional sobre la materia. Es el órgano administrativo más importante de la legislación que inicia.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que es fundamental contar con este mecanismo; sin embargo, advirtió que si no se le dota de presupuesto y personal suficiente no funcionará: “La comisión debe contar con el presupuesto suficiente para operar y con peritos, policías especializados en el problema, expertos en materia de antropología, criminalística y genética, si no, no va tener caso”.
El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) arrancará con un presupuesto inicial de 282 millones 592 mil 800 pesos para realizar todas sus labores. La partida se repartirá a los estados para que a través de sus fiscalías lleven a cabo labores de investigación en sus respectivos territorios. Los gobiernos estatales podrán destinar hasta 10% de lo otorgado para la elaboración de un proyecto ejecutivo en el que especifiquen el plan de trabajo a seguir en la materia, incluyendo metas a corto, mediano y largo plazo.
Candidatos a comisionado
La ley prevé que a propuesta de los colectivos, organizaciones de víctimas y especialistas en el tema se proponga al presidente Enrique Peña Nieto cuatro candidatos para ocupar la comisión nacional, la cual estará integrada por un grupo especializado de búsqueda y área de análisis, de ellos uno será electo por el Jefe del Ejecutivo. Los candidatos que se perfilan son Guillermo Gutiérrez Romero, Roberto Cabrera Alfaro, Salvador Felipe Arias Ruelas y Mario Alberto Hernández Ramírez, quienes fueron seleccionados mediante una consulta pública.
Mirna Medina Quiñónez, dirigente de Las Rastreadoras de El Fuerte, asegura que 80% de las organizaciones y colectivos prefieren a Roberto Cabrera Alfaro, actual coordinador de Estrategia del Sistema de Seguridad Pública de la CNS. “Él reúne los requisitos y aparte ha trabajado en conjunto con las familias, tiene dos años laborando desde la Comisión Nacional de Seguridad con nosotros y conoce cómo está la situación”, comentó la lideresa del colectivo.
Según su perfil publicado en la página oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob), Cabrera Alfaro, cercano al titular de la CNS, Renato Sales Heredia, se encarga del “desarrollo e instrumentación de la estrategia de búsqueda en el país, localización e identificación de personas desaparecidas, desde la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad”. Además, funge como enlace con la embajada de EU en México para la colaboración de proyectos, así como investigación conjunta de casos con la oficina del FBI, DEA e ICE.
Mirna Medina, activista sinaloense, señala que la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda es algo que desde hace tres años han estado buscando y, afirmó, significa que los colectivos no estarán solos en la búsqueda de sus familiares, porque ahora contarán con el apoyo por ley de los gobiernos federal y estatales.
“Lo más importante para nosotros es lo que estamos buscando como familia, que el gobierno se ponga a trabajar en lo que son las búsquedas, para tener un apoyo”, declaró. Añadió: “Hasta ahorita hemos encontrado 117 cuerpos y la verdad es fundamental contar con el apoyo de una búsqueda nacional, es lo que hemos estado luchando durante tres años, es algo que necesitamos que pase, que nos apoyen y que ya se reconozca que hay desaparecidos en todo el país, eso es muy importante para nosotros”.
Consejo ciudadano
De la conformación del Consejo Nacional Ciudadano, en vigor hasta abril próximo y que estará integrado por cinco familiares, cuatro especialistas reconocidos en la materia y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil, Medina Quiñónez señaló que a las rastreadoras no les parece conveniente que personas de búsqueda lo integren, porque se perdería la esencia del trabajo en campo.
“Personas activas de búsqueda, como nosotros, no deben integrarlo, porque no podrán estar en él y a la vez buscar, debe ser alguien a quien no le afecte porque tenemos buscadoras buenísimas y no podemos meterlas a trabajar en otro contexto, se perdería lo que es la esencia de la labor”, indicó.
Lucy Díaz, del Colectivo Solecito de Veracruz, consideró que el Reglamento de la Ley de Desaparición Forzada presenta deficiencias técnicas, por lo que anunció que solicitará adecuaciones a las autoridades. “Es restrictivo y hay cosas que las ponen en manos de las autoridades. Hay puntos en los que se habla de podrá o deberá, que no se están poniendo con el énfasis de un reglamento que va a ser una ley. No se está apegando mucho al Código Civil”, sostuvo. Anunció que el Colectivo Solecito conformará un Observatorio Ciudadano para vigilar la implementación de la norma.
“Vamos a hacer un comité para observar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda y del comisionado, esto va a ser por parte de las mismas organizaciones y lo estamos integrando ahora con la implementación”, anunció Díaz. Declaró que será un instrumento para poder observar que se implemente de manera adecuada la ley en la nación y ver en dónde se falla.
“Hemos tropezado con el tema del reglamento que lo vemos muy deficiente en la República, por lo que pensamos que se deben hacer algunas adecuaciones, creo que bastantes”, agregó. Este lunes colectivos y organizaciones de la sociedad civil de búsqueda de desaparecidos se reunirán con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez.
