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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) determinó que la Secretaría de Gobernación (Segob) debe proporcionar, en versión pública, los contratos celebrados para implementar medidas de seguridad en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas.
En la versión pública de los contratos deberá estar visible sólo el monto destinado a la implementación de dichas medidas de seguridad, sin mencionar los nombres de las personas protegidas.
“La consolidación de un Estado democrático requiere del ejercicio periodístico libre, objetivo e imparcial, para mantener informada a la sociedad y fortalecer la opinión pública. El reconocimiento paulatino a la importancia de esta profesión llevó a que, en 1993, la UNESCO reivindicara la necesidad de que existiera un periodismo libre y plural para impulsar sociedades modernas y democráticas”, aseguró la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
Al presentar el asunto ante el pleno, señaló que, a pesar de la importancia del trabajo que realizan los profesionales de la información, viven y desarrollan su labor periodística y de investigación en situaciones y condiciones precarias, lo que incluye bajos salarios, malas condiciones y el riesgo de sufrir violencia y persecución.
Del Río Venegas compartió que, de acuerdo con información de Reporteros Sin Fronteras en 2022, México tiene el deshonroso título de ser el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión del periodismo. “De acuerdo con información de la propia Secretaría de Gobernación, del año 2006 a la fecha han sido asesinados 260 periodistas en esta nación; 63 en los cuatro años de la administración federal en turno”, apuntó.
En tanto que, dijo, “la situación para personas defensoras de los derechos humanos en el país no es mejor; de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia contra estos activistas en el continente se incrementó entre mayo y agosto de este año, con un alto número de asesinatos en varios países de la región”.
En el caso concreto, un particular solicitó a la Secretaría de Gobernación, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, diversa información sobre la operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Específicamente, el particular requirió la cantidad actual de personas periodistas beneficiarias y/o inscritas en el mecanismo, dividido por entidad federativa.
Así como la cantidad actual de personas defensoras de derechos humanos y/o activistas beneficiarias y/o inscritas en este mecanismo, la cantidad actual de hombres y mujeres defensores de derechos humanos y/o activistas beneficiarios y/o inscritos en el mecanismo, dividido por entidad federativa.
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