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La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer las bases para la consulta pública para elegir a los candidatos para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) la Segob convocó a los colectivos de víctimas, especialistas, universidades y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia para participar en la consulta pública.
En el acuerdo, firmado por el Subsecretario de Población, Derechos Humanos y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, indicó que las bases para participar en la consulta y el formato de registro ya están disponibles en la página web: www.consultaceav.segob.gob.mx .
Ante cascada de juicios, CEAV perderá mil mdp
Este lunes EL UNIVERSAL publicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas enfrenta 453 juicios de amparo por los que podría perder, al menos, más de mil millones de pesos. Esos recursos son exigidos por personas que sufrieron un delito federal o una violación a sus derechos humanos y consideran que la dependencia no las atendió de manera adecuada.
Los demandantes son víctimas directas e indirectas de delitos de años recientes o de hace décadas, pero todos coinciden en que la comisión ha sido omisa en sus funciones o no estuvieron de acuerdo con la compensación económica que recibieron por su condición.
Además de los 453 juicios de amparo que la CEAV tenía registrados hace cuatro meses, en la primera sesión extraordinaria se explicó que el Comité Interdisciplinario Evaluador de la institución, encargado de valorar y emitir los dictámenes sobre reparación integral del daño, tenía un rezago de 3 mil 279 resoluciones y eso incrementaría paulatinamente los amparos.
Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene 38 multas contra su titular por un monto de 328 mil 468 pesos, a causa del incumplimiento de las sentencias de un juez a favor de los perjudicados. EL UNIVERSAL buscó a la CEAV para hablar sobre la situación jurídica de estos asuntos, pero la dependencia declinó la solicitud de entrevista, al argumentar que los procesos legales permanecen abiertos.
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