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Los exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha dado respuesta con la verdad respecto a los cuestionamientos realizados sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Las respuestas dadas por Sedena de que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala no existía, que dependía del Cisen, que no realizaban interceptaciones telefónicas, cuando los documentos muestran parcialmente los textos de las mismas, que desconocen quienes las realizaron, y otras respuestas que se nos dieron, simplemente no responden a la verdad.
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“Las pruebas están a disposición de las autoridades, que además las conocieron de antemano y están publicadas en el informe Ayotzinapa”, manifestaron Angela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain en un posicionamiento.
Enfatizaron que documentaron en seis informes todo su trabajo, avances en la investigación, revelaciones de nuevas verdades ocultas, y propusieron líneas de investigación que han hecho avanzar el caso. “No hemos permitido en ningún momento la politización de nuestro trabajo, a pesar de las presiones que recibimos”.
En una nota aclaratoria, resaltaron que las víctimas de este caso tienen voz propia y las autoridades deben escucharlas, enfatizaron que no es hora de confusión y ruido.
“La verdad se empeña porque hay quien la empuja como lo hacen las familias, y seguirá saliendo, ya sea como una bocanada de aire fresco que México necesita o surgiendo entre las rendijas”, destacaron.
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Buitrago y Beristain indicaron que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI sufrió una campaña negra, acusándolos de ser “extranjeros” y “antimilitares” auspiciada por las propias autoridades del Estado, hasta el punto de tener que salir del país sin poder continuar la investigación y acompañamiento a los familiares.
Resaltaron que, a pesar de un escenario adverso, el trabajo del GIEI ha llevado a que se retomen órdenes de aprehensión al menos parcialmente en los últimos meses, mostrando la evidencia existente en el expediente.
Así como a documentar los casos contra Tomás Zerón o Murillo Karam y otros cargos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Hemos entregado a la nueva Fiscalía seis documentos con cerca de 90 propuestas de investigación, diligencias y acciones para esclarecer el caso, muchas de ellas aún pendientes… Desde el inicio dijimos que Ayotzinapa era no solo una herida en los familiares sino para el país.
“Nuestros informes no muestran opiniones, sino hechos probados y cuentan con todas las fuentes en las que nos basamos”, remarcaron.
Esto luego que el Presidente refirió que lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales y la delincuencia que dominaba esa región.
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