La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanzó de nueva cuenta la licitación para adquirir un sistema de bloqueo antidrones comerciales, como medida para reforzar la seguridad en las inmediaciones de Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el pasado 3 de agosto la dependencia canceló ese concurso debido a que la tarjeta de requerimientos y la convocatoria se contraponían.
La licitación LA-00700099 9-E846-2021 SAIT, cuya copia posee EL UNIVERSAL, detalla que la Sedena busca obtener un sistema antidrones tipo Jammer, capaz de bloquear las señales de WiFi y radiofrecuencias a un kilómetro a la redonda de Palacio Nacional, lo cual ha sido alertado de que podría ocasionar interferencia en las comunicaciones de negocios y personas cercanas al recinto histórico.
Algunas de las empresas que participaron en la fallida licitación advirtieron que el sistema antidrones comerciales que busca instalar la Sedena podría afectar las señales WiFi y GPS en los dispositivos de particulares, viviendas y negocios localizados cerca de Palacio Nacional.
“El hacer el bloqueo 360 grados va a afectar las comunicaciones a un kilómetro a la redonda de WiFi y GPS de todos los dispositivos de los ciudadanos, ¿Puede la convocante considerar un software de comando y control con datos que permita detectar y bloquear de manera específica los objetivos que representan una amenaza y no bloquear los 360 grados de manera arbitraria?”, preguntaron las empresas.
La respuesta de la Subdirección de Adquisiciones fue: “No, deberá limitarse a los requerimientos especificados en la convocatoria.
Además, el licitante adjudicado se compromete a cubrir 100% del costo de los daños que puedan ser ocasionados a los bienes e instalaciones propiedad de Palacio Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional por fallas o mal funcionamiento, así como por el personal que realice maniobras de estiba, almacenaje y entrega de lo solicitado.
La empresa que gane deberá entregar una carta-compromiso de confidencialidad firmada por el personal designado para colaborar con la puesta en funcionamiento del sistema “donde manifieste que la totalidad de información relacionada con el proyecto a la que tenga acceso no será difundida y preverá mecanismos para su protección”.
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