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La entrega masiva de capos a Estados Unidos se realizó porque existía riesgo de que algunos de ellos fueran liberados o beneficiados por jueces federales para seguir atrasando sus procesos de extradición, justificó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien aseguró que fue una decisión colegiada del gabinete de seguridad en la que “no tiene nada que ver” la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encabezado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, le respondió que presente pruebas sobre sus dichos y proceda conforme a derecho.
El CJF aclaró que cada resolución que emite alguno de sus jueces “es susceptible de ser impugnada por los canales que la propia ley establece. En tales condiciones, en un Estado de derecho lo conducente es acudir a las instancias correspondientes”, expuso.
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En conferencia de prensa del gabinete de seguridad, Omar García Harfuch afirmó que tenían información de posibles liberaciones, como la de José Ángel Canobbio Inzunza, El Güerito, de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, detenido la semana pasada.
Por lo que con la información sobre el riesgo de las liberaciones y considerando las actividades delictivas a las que se dedicaban se procedió a realizar el traslado de los líderes delincuenciales de los cárteles De Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Golfo, Beltrán Leyva, Los Zetas, Juárez y de La Familia Michoacana, en “coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad” con el vecino país del norte.
“El gabinete de seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de un acuerdo con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”, indicó.
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Sin mencionar su nombre, el mando policial acusó que en algunos casos, como el del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, su proceso de extradición llevaba 11 años, “retrasando la justicia de tantas víctimas aquí en México que asesinaron, mataron, les cobraron extorsión”.
Asimismo, refirió que otro asunto era el del fundador del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, alias El Narco de Narcos, que tenía casi cuatro décadas sin resolverse.
“Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento a autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se tomó y, por supuesto, beneficia a los dos países... Teníamos información también de ciertas posibles liberaciones, como en el caso de la detención que acababa de hacer el Ejército Mexicano de José N., alias El Güerito, detenido la semana pasada, y esa es una de las razones también por la que se tomó”.
García Harfuch señaló que fue un acto de autoridad sin precedente, en el que se entregaron 29 objetivos de alto y medio rango que cometieron delitos atroces en México, como homicidio, secuestro, extorsión, ataque a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia a través de los grupos criminales que lideraban.
“Las 29 personas, que se encontraban recluidas en nueve centros penitenciarios federales y dos centros penitenciarios locales, contaban con diversas investigaciones en su contra por delitos de alto impacto en Estados Unidos, como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas hacia nuestro país, secuestro, entre otros delitos”, expuso.
García Harfuch señaló que las autoridades mexicanas actúan con determinación y con estrategias contundentes para garantizar la seguridad del pueblo de México. “Este es un acto de autoridad que no tiene precedentes, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del gabinete de seguridad, ejes que forman parte de nuestra Estrategia Nacional de Seguridad”, aseveró.
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El secretario agregó que en la operación participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal.
Desde las instalaciones militares de Santa Lucía, Estado de México, en ocho aeronaves, cinco del Ejército y tres de la Marina, se realizó el traslado de siete capos a Washington; dos a White Plains, en Nueva York; dos a Chicago, Illinois; cuatro a Houston, Texas; tres a McKinney, Texas; seis a Phoenix, Arizona; dos al Aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York; tres a San Antonio, Texas.
