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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo al Banco Santander México, que se inconformó contra la multa de 622 mil 901.26 pesos que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) le impuso por manipular el precio de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), en acuerdo con otros bancos.
La institución bancaria española alegó que el hecho de haberle impuesto una sanción menor al banco que delató las operaciones ilegales era injusto por violar los principios de debido proceso y seguridad jurídica, presunción de inocencia y colusión de hechos, definidos en la Constitución.
Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte aprobó por unanimidad el proyecto de sentencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que señala que la reducción de sanciones para quienes denuncien estas prácticas, “contribuye a que se proporcione información de hechos que probablemente consistan en contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto radique en fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, en tanto constituyan conductas que pudieran afectar la libre competencia y concurrencia”.
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El proyecto de resolución presentado Batres Guadarrama partió de que el marco constitucional permite al Estado mexicano garantizar la libre competencia y concurrencia, eliminando las prácticas monopólicas y prácticas indebidas que atenten contra el interés público.
De esta manera, la Segunda Sala avaló las sanciones económicas aplicadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a varios bancos que acordaron ilegalmente acciones para manipular el precio de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes).
Estas acciones ilegales fueron descubiertas gracias a que uno de los bancos involucrados denunció los hechos ante la Cofece, buscando con esta acción obtener una reducción de las sanciones a las que se hizo acreedor, conforme al artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica.
La denuncia permitió detener estas maniobras especulativas y sancionar a los responsables.
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