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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que impuso sanciones contra Cyber Robotics Solutions, del empresario León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por haber vendido 20 ventiladores a sobreprecio al IMSS-Hidalgo en un proceso donde —señaló la dependencia— hubo diversas irregularidades como falsedad de información.
De acuerdo con la SFP, la empresa tiene dos inhabilitaciones por 24 y 27 meses, así como dos multas que suman más de dos millones de pesos.
Las sanciones fueron publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación con las circulares 10/2020 y 11/2020, por medio de las cuales se informa con respecto a dos inhabilitaciones a Cyber Robotics Solutions.
La dependencia federal recordó que el pasado 17 de abril, el IMSS-Hidalgo adjudicó de forma directa un contrato a la empresa inhabilitada —que no produce insumos médicos—, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de Covid-19 en Hidalgo.
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El contrato otorgado a Cyber Robotics Solutions fue por 20 ventiladores por los que el IMSS-Hidalgo pagó un monto de 31 millones de pesos, lo que los convertía en los respiradores adquiridos por la Federación más caros en medio de la contingencia por el coronavirus, pero por diversas anomalías los aparatos fueron regresados.
En un comunicado, la Función Pública indicó que evitó un daño patrimonial al Estado y revelaron que la contratación se sustentó en falsedades: “El precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el mismo momento, de equipos similares a otra empresa por un precio mucho menor, así como por el costo de los equipos adquiridos recientemente por la Cancillería y otras entidades del gobierno federal”.
La dependencia indicó que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación. De hecho, los equipos no fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de entrega inmediata resultó insostenible.
“La empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia.
“Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el IMSS”, señala.
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Como resultado de una visita de verificación realizada el pasado 7 de mayo, el IMSS se vio obligado a devolver los equipos al proveedor.
“Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el Fobaproa, que mermó la riqueza de la nación”.
La SFP indicó que también investiga la posible comisión de faltas administrativas de servidores públicos vinculados a la adquisición.
“Dada la relevancia de las presuntas faltas que se imputan en el contexto de la contingencia sanitaria, la Función Pública ordenó como medida cautelar la inmediata suspensión de cuatro servidores públicos investigados, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo”.
La dependencia federal expuso que están concluidas todas las etapas procesales de este procedimiento administrativo y próximamente se emitirá la resolución sancionadora correspondiente.
“Con estas acciones, la Función Pública demuestra con hechos que la transformación de México y su cruzada contra la corrupción avanza con buen paso y que en esta lucha no hay intocables ni perseguidos”, precisó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
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“Ya no se permite el contubernio entre intereses públicos y privados que durante el neoliberalismo causaron la profunda y vergonzosa desigualdad económica, la violencia y la degradación de lo público”, dijo.
La titular de la dependencia detalló que “a lo largo de la pandemia se han supervisado más de 2 mil procesos de contratación en el sector Salud y se continuará con esta revisión escrupulosa para asegurar que la emergencia no sea utilizada como pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México”.
Desde el pasado 27 de febrero, cuando se confirmó el primer caso positivo de coronavirus, la SFP ha recibido 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas en instituciones sanitarias, que de acuerdo con la dependencia federal ya fueron atendidas.
Explicó que a lo largo de la pandemia se han identificado prácticas que se alejan de la nueva ética pública, sobre todo de algunos proveedores del sector privado que siguen con vicios aprendidos durante el viejo régimen.
“Nuestro trabajo, como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, es identificar esas acciones y castigarlas. En esta administración ya no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad o el influyentismo”, añadió.
