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Luego de la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, que será efectiva el 30 de septiembre, el extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, señaló que en las investigaciones realizadas hubo inconsistencias y posiblemente ese es el motivo de su salida.
“Tuvieron fallas metodológicas al llegar a conclusiones y darlas por ciertas, cuando son suposiciones, basadas en testigos de oídas que no presenciaron los hechos. Estas inconsistencias dan lugar a una investigación defectuosa.
“Y por lo tanto a la carencia de justicia y a la salida del fiscal de Ayotzinapa, que no ha cumplido con el cometido de entregarnos una investigación seria, en donde se arrojen los hechos tal como ocurrieron”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.
Destacó que una de las inconsistencias es el dar por muertos a los normalistas con la ausencia de pruebas. Aseveró que una de las exigencias de la Ley General de Víctimas es la presunción de vida.
Esto luego de que el pasado 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que no había indicio alguno de que los estudiantes se encontraran con vida. “Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Hernández Barros resaltó que al no tener la absoluta certeza de que los estudiantes estén muertos, deben presumir que están vivos y continuar con su búsqueda, aunque hayan pasado ocho años.
Expresó que la renuncia de Gómez Trejo es señal de que la investigación no ha dado los resultados que se quieren, y que se emiten órdenes de aprehensión a personas que por lo menos varias de ellas hicieron su trabajo.
El también abogado recordó que él fue la primera autoridad federal que llegó al lugar de los hechos en Iguala, Guerrero. “Me tocó codo a codo ver cómo integraba la carpeta de investigación el entonces exprocurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, que duró ocho días y después esa indagatoria fue absorbida por la entonces Procuraduría General de la República”.
Refirió que él fungió como comisionado encargado de desapariciones forzadas, y en especial del caso Ayotzinapa, uno de sus deberes era cerciorarse que las víctimas tuvieran derecho a la justicia y acceso a la verdad.
“Es por eso que vigilaba muy de cerca las investigaciones, por supuesto no intervenía en ellas, ni participaba de forma alguna, pero tenía acceso a las mismas”, sostuvo.
Resaltó que los primeros actos, como las tomas de muestras, fueron hechas con rigor científico y sistematización profesional.
“Fui testigo de ese hecho… de manera que una orden de aprehensión en contra del exprocurador de Justicia de Guerrero me parece absurda, como el caso del exprocurador Jesús Murillo Karam que, por Dios, lo podrán acusar de cualquier cosa, excepto de haber participado en la desaparición de los jóvenes”, sostuvo Hernández Barros.
De acuerdo con fuentes consultadas, de las 83 órdenes de aprehensión que giró el juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, la Fiscalía General de la República (FGR) ya había desistido el pasado 13 de septiembre de 21 detenciones, entre ellas la de Iñaki Blanco.
