La exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Rosario Robles participó en la entrega de recursos para que paracaidistas no invadieran los terrenos aledaños al aeropuerto en Texcoco, señaló el exoficial mayor de la dependencia Emilio Zebadúa.
En su declaración rendida ante la Fiscalía General de la República (FGR), Zebadúa afirmó que con esta operación el gobierno federal pagó 400 millones de pesos y se adjudicó, de manera irregular, la propiedad de los predios para la infraestructura del aeropuerto y de la de los aledaños que sirvieron de contención a las obras.
“Sedatu no contaba con la facultad de otorgar dichos apoyos, tampoco se contaba con recursos presupuestados para dicho fin y menos tratándose de una simulación de supuestos posesionarios o propietarios de los predios en Tlateles.
“Se pagó a cambio de nada, con recursos no presupuestados, de un programa que no tenía ese objeto, por una secretaría que no tenía dicha facultad, responsabilidad y con base en una minuta sin fundamento legal”.
Afirmó que para ello, la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de Sedatu, entonces encabezada por Enrique González Tiburcio, fue la encargada de ejecutar el proceso de adquisición irregular.
Explicó que la Sedatu, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua firmaron un acuerdo fechado el 20 de mayo de 2017 en el que se comprometieron a pagar al Frente Auténtico del Campo y a su líder Juan Loreto González el predio de Tlateles, con una compensación o reubicación en un terreno de 568 hectáreas, y reubicar en 256 hectáreas a los supuestos propietarios y posesionarios del predio.
“La Sedatu, a través de sus áreas jurídicas y agrarias, revisó la validez de los derechos de posesión o propiedad de los representantes de los Tlateles y del Frente Auténtico del Campo encontrando que no acreditaban ni legal ni materialmente su posesión o propiedad sobre dichos terrenos”, señaló Zebadúa.
“Aún así, y contando con la información jurídica respectiva, los miembros de la mesa de concertación de las secretarías ya citadas solicitaron por escrito, el 7 de junio de 2018, a la secretaria Rosario Robles que se le entregaran, por parte de Gobernación, 400 millones de pesos a los peticionarios del Frente Auténtico del Campo”.
Afirmó que ese mismo día Robles instruyó a González Tiburcio atender la solicitud de Segob y conseguir los 400 millones de pesos para entregarlos a los posesionarios de Tlateles.
Emilio Zebadúa rindió declaración ante la FGR en busca de un criterio de oportunidad con el que se convertiría en testigo colaborador a cambio de que los cargos en su contra por la Estafa maestra queden anulados.
Aunque la Fiscalía General de la República ya consignó la investigación contra González Tiburcio, y el pasado 18 de noviembre estaba lista para notificarle los cargos que se le imputan, una juez de Amparo le concedió una suspensión provisional que paralizó todo el procedimiento.
De acuerdo con las constancias judiciales, la jueza Primera de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México tiene previsto celebrar el próximo 8 de diciembre la audiencia constitucional en la que decidirá si concede o no la protección constitucional con la que González Tiburcio busca evadir la acusación de la FGR.
