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Para hacer efectiva la suspensión que la protege de ser detenida, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles entregó los casi 70 mil pesos que le fueron requeridos.
En este sentido, el abogado de la exfuncionaria federal, Julio Hernández Barros, afirmó que la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encuentra sin dinero y sin trabajo, puesto que se le han cancelado proyectos debido a las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza por el presunto ejercicio indebido en el servicio público en el caso de la Estafa maestra.
A pesar de que varios jueces han informado que no existe una orden de aprehensión contra Robles, la exfuncionaria exhibió los 69 mil 500 pesos que le fueron requeridos como garantía por el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal para concederle la suspensión provisional de esa medida.
La exsecretaria solicitó el amparo para evitar su detención, luego de que se diera a conocer que la FGR busca imputarla por el ejercicio indebido del servicio público derivado de la investigación de supuestos desvíos millonarios durante su gestión en dos dependencias que encabezó el sexenio pasado.
Según las constancias del expediente, el juez tenía previsto realizar ayer la audiencia incidental en la que definiría si concede la suspensión definitiva.
Las autoridades que informaron que no existe una orden de aprehensión o comparecencia contra Rosario Robles solicitaron al juez sobreseer el asunto, pero éste respondió que aún no se pronunciará al respecto.
Robles tiene una cita mañana jueves a las 11:00 horas en el Reclusorio Sur, donde la FGR pretende imputarla y solicitar que se le vincule a proceso por el ejercicio indebido del servicio público.
Ayuda económica. Sobre esta situación, Julio Hernández Barros indicó que debido a esta acusación la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México está pensando en pedir ayuda económica a familiares y amigos.
“Prácticamente [Rosario Robles] ya no tiene dinero para vivir. Desde hace seis o cinco meses, que dejó de trabajar en el gobierno federal, no ha conseguido un trabajo. Este problema que enfrenta le ha significado muchos gastos, por lo tanto, también la negativa de algunos contratos que iba a tener para trabajar”, afirmó el abogado.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el litigante destacó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha hecho investigaciones sobre las cuentas bancarias de la exfuncionaria, pero “no ha encontrado ninguna cosa, es una prueba más de su inocencia. Si Robles hubiera hecho algo de lo que dice la fiscalía, tendría decenas de millones de pesos en sus cuentas, pero la realidad es que no tiene, es una mujer que, como todos nosotros, vive al día”.
El abogado aseguró que existe una persecución muy clara del gobierno federal hacia su clienta, puesto que “primero nos esconden y no nos dan acceso a la carpeta de investigación, lo cual nos permitiría conocer de lo que se le acusa. Después, la SFP haciendo declaraciones de que se le sigue un proceso por una cuenta que supuestamente no declaró.
“En la Cámara de Diputados se está diciendo que le quieren hacer un juicio político. [Además], la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público [está] congelando [sus] cuentas, algo que es totalmente innecesario”, dijo.
