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Una reforma político-electoral no se requiere en este momento, máxime si se está en la mitad del gobierno actual y faltan sólo tres años para renovar la Presidencia de México, consideró Dulce María Sauri.
Exdiputada federal en la pasada Legislatura y experimentada política militante del PRI, Sauri Riancho señala en entrevista que no logra entender por qué el movimiento que ganó las elecciones en 2018 (Morena), con el marco electoral actual que resulta favorable para la alternancia, pretenda ahora desarmar esa maquinaria.
“Me parece contradictorio que el movimiento que ganó las elecciones en 2018, con un marco electoral favorable para la alternancia, como es el que finalmente se construyó en 1996-1997, ahora pretenda desarmar esas posibilidades, es decir, una vez que crucé el puente, pues ahora me encargo de dinamitarlo”, menciona la priista.
Las instituciones electorales sin duda son perfectibles, indica, pero funcionan, además, es la propia aplicación de la norma que define el Poder Legislativo, la que muestra en dónde están las lagunas, las deficiencias e incluso los errores que es necesario corregir en el sistema político mexicano.
Cuestiona si en la actualidad existe algo tan grave como lo ocurrido en 1977 o 1996, e incluso en 2013, para llevar a cabo hoy día una reforma constitucional que altere la naturaleza de las instituciones.
“Yo diría que no, en ningún sentido”, expone, “además, hay riesgos que conlleva la alteración de las instituciones”.
Sauri Riancho destaca que existe una necesidad de reformar, sí, las leyes secundarias, y hacer otras tantas, como lo que se refiere a la reelección consecutiva de legisladores.
“Esto nos metió en un problema en diciembre de 2020, cuando se requería establecer las reglas, cuando por primera vez diputados de Legislatura pasada podían optar por la reelección. Ahí tenemos un tema, y me iría inclusive a sí tocar la Constitución sobre el tema de la reelección consecutiva”, resalta.
Pero uno de los absurdos más evidentes en cuanto a las lagunas legales, recalca la priista, es lo que se vive actualmente en materia de revocación de mandato, toda vez que se trata de una ley que aprobó la actual Legislatura, en el caso del Senado, y la pasada, en cuanto a los diputados, con votos a favor y en contra.
La ley secundaria en materia de revocación de mandato que se analizó, discutió y aprobó, detalla Sauri, no fue objetada ni atemperada, ni precisada por nadie.
“Y ahora Morena se queja. A mí me parece absolutamente absurda esta situación. Y me preocupa, porque si en una cuestión muy puntual, muy acotada como es el proceso de revocación de mandato, hubo esa frivolidad legislativa. ¿Qué nos espera en el caso de una iniciativa que toque aspectos fundamentales de las instituciones y los procesos electorales?”.
Sauri Riancho, quien también fuera gobernadora interina de Yucatán, menciona que los errores legislativos en lo que hace al menos en la materia de revocación de mandato responden a un desaseo y una falta de visión para defender intereses propios.
“Porque si querían intervenir en el proceso de revocación de mandato, debió ser en la legislación secundaria y ellos [Morena] tenían la mayoría en las dos Cámaras, podían haberlo impuesto. Yo sigo pidiendo, es un buen deseo que espero contribuir de alguna manera para que cuaje, que vuelvan los gobiernos divididos en 2024.
“La calidad de la legislación es mucho mayor cuando hay gobiernos divididos, cuando es necesario negociar entre los grupos parlamentarios, negociar con el Ejecutivo, y no simplemente imponer”, dice.
Cuestionada sobre la permanencia de las instituciones electorales, Sauri Riancho destaca que éstas garantizan la posibilidad de cambiar de opinión.
“Yo puede haber votado en 2018 por un partido, por una candidatura y finalmente se hace gobierno mi candidato, pero en 2024 no quiero ese partido ni nada que se le parezca, y hay una institución que tutela mi derecho a cambiar de opinión”, manifesta.
Además, resalta, es necesario tomar en cuenta que la fuente de legitimidad de las actuales instituciones electorales parte de la alternancia política, construida a lo largo de una buena cantidad de años.
“La fuente de legitimidad de las actuales instituciones electorales parte de la alternancia política que se da en primer término en el 97, cuando el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y después cuando el PRI pierde la Presidencia de la República, esa es la fuente de legitimidad. La legalidad se la dimos con la reforma electoral del 96”, detalla.
Sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por ejemplo, dice que hoy en día requiere de una revisión propiciada incluso por éste.
“Me parece muy interesante la propuesta de dotar de más herramientas de transparencia a los procesos de toma de decisión del Tribunal Electoral, de tal manera que no haya cuestionamientos o duda de que lo único que guía sus determinaciones es la Constitución y la aplicación de los derechos de las personas ciudadanas y ciudadanos. Un Tribunal, si podemos usar el término, más transparente”, puntualiza.
