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El 27 de mayo, como muchos otros mexicanos, advertimos de la necesidad de apagar el fuego. Señalamos que las reuniones de siete gobernadores para revertir el Pacto Fiscal no eran un asunto menor, ni una anécdota. Y todavía más, que de ahí a cuestionar el Pacto Federal no había una gran distancia. Nos tacharon de alarmistas.
Hoy, las brasas están incandescentes y la hoguera se reaviva día a día. Apenas antier —ya son diez ahora— los gobernadores agrupados en la recién nacida Alianza Federalista, amagan de plano con romper el Pacto Federal para reclamar legítimamente, dicen, el presupuesto que les corresponde para atender las necesidades más apremiantes en sus estados; y que los recursos nacionales no se utilicen solo para satisfacer la agenda presidencial. Con un efectista impacto mediático, se pronunciaron cibernéticamente cada uno desde lugares emblemáticos y arropados por la clase empresarial y buena parte de la clase política de sus entidades. Así, coincidieron: Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Miguel Riquelme, de Coahuila; José Rosas Aispuro, de Durango; Silvano Aureoles, de Michoacán; José Ignacio Peralta, de Colima; Enrique Alfaro, de Jalisco; Martín Orozco, de Aguascalientes; Javier Corral, de Chihuahua, y Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato.
No son pocos ni menospreciables. Sumados representan a 31 de cada cien mexicanos con casi 40 millones de habitantes. Significan el 35 % del Producto Interno Bruto nacional. Recaudan uno de cada cuatro pesos de los impuestos que se pagan en todo el país, es decir, un billón —o sea, un millón de millones— de pesos. Pero más allá de los números, están las palabras:
El jalisciense Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, estableció: “Ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una Federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece. Cada mañana López Obrador cancela la posibilidad de reconciliar al país y crear una agenda de futuro”.
En Saltillo, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, advirtió que si no hay diálogo, irán a los tribunales; “entonces nuestra lucha podrá ser el inicio del rompimiento del Pacto Federal, con graves consecuencias para el país”.
Y si hacía falta más contundencia, la impuso Javier Corral, de Chihuahua: “No vamos a permitir ni el abuso ni el atropello. Si la respuesta sigue siendo la indiferencia y los oídos sordos, estamos listos para una batalla política y legal contra la Federación”.
Y la respuesta del presidente López Obrador no tardó en llegar. Apenas en su mañanera de ayer, respondió sobre la posibilidad de reunirse con los gobernadores: “No, porque no hay materia; los está atendiendo el Secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial; hay que cuidar la investidura”.
A ver, no se trata de anticipar quién tiene la razón. Lo que sí podemos exigir es que se sienten a dialogar. ¿O es mucho pedir que se guarden sus egos unos y otro? Creo sinceramente que el presidente no pondría en riesgo su investidura, por el contrario, la enaltecería.
Por lo pronto, a las pandemias sanitaria, económica y social, hay que añadir una cuarta: la política. Una nación desgarrada. Así que la pregunta es válida: ¿Es este el México que nos merecemos los 130 millones que somos?
Periodista.
