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En la 64 legislatura la Cámara de Diputados aprobó 68 iniciativas en materia de equidad , ocho de ellas para impulsar la igualdad laboral de género , sin embargo, el rezago en la materia persiste, reconocieron legisladoras integrantes de la Comisión de Igualdad.
Luego de que este jueves, E L UNIVERSAL dio a conocer que durante el primer trimestre de este año, la fuerza laboral de 8.8 millones de mujeres en el país está siendo subutilizada, cifra 37 por ciento superior a la reportada en 2020, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) , la diputada priísta Cynthia López, aseguró que la cifra representa “una alarma de retroceso”.
“Es lamentable que pese a todos estos esfuerzos que hemos hecho desde el legislativo, la realidad sea otra, las cifras del INEGI son una alarma de retroceso en materia de género, sigue habiendo falta de oportunidades y esto es lamentable porque las mujeres son las que siempre están en la primera línea, y al mismo tiempo siempre son las últimas en ser contratadas, las primeras en ser despedidas, las peores pagadas”, puntualizó en entrevista.
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Entre las iniciativas para garantizar la igualdad laboral en México, aprobadas en esta legislatura desde el 1 de septiembre de 2018 a la fecha, destaca la impulsada por la diputada panista Martha González, para “promover la eliminación de la brecha salarial entre mujeres y hombres que realizan un mismo trabajo o un trabajo de igual valor”, y que se avaló en el pleno el 3 diciembre de 2019.
En ese mismo año se aprobó un dictamen para “impulsar la equidad remunerativa y la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en la vida económica” y otro para “promover y fomentar las condiciones que imposibiliten la discriminación, y permitan la igualdad de oportunidades entre los géneros”.
En 2020 el pleno de la cámara baja también aprobó una iniciativa para “observar el principio de equidad de género en la designación de funcionarios y servidores públicos”, y otra para armonizar las leyes a fin de “ampliar los alcances de la economía social y solidaria entre mujeres y hombres”; mientras que en 2021 destaca el dictamen aprobado el 2 de marzo para “otorgar puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género”.
Aún con todos esos mandatos, las oportunidades de trabajo para el género femenino siguen siendo menores.
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“Esta gran desigualdad que viven las mujeres no es un tema de un invento o que esté de moda, con la pandemia se agudizó está desigualdad, por ello nos dimos a la tarea de impulsar propuestas para avanzar en esta desigualdad salarial, pero cada quién debe trabajar desde su trinchera se requiere del apoyo y compromiso de todos los sectores”, expuso la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la morenista Rocío del Pilar Villarauz.
Por su parte, Fabiola Loya coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano e integrante de la misma Comisión, recordó que la sobrecarga en el trabajo no remunerado y la labor de cuidados ha limitado a las mujeres el acceso a la participación económica.
“Los datos más recientes de INEGI y Coneval, demuestran que 8 de cada 10 personas que salieron de la fuerza laboral, así como 7 de cada 10 que no han recuperado su empleo, y el 54 por ciento de la población con pobreza laboral, son mujeres”, detalló.
La emecista, consideró “urgente” que el Gobierno Federal acepte esa realidad y adopte un enfoque de género para abatir el rezago económico histórico de las mujeres.
“Hoy diversos especialistas y organismos internacionales (CEPAL) coinciden en la urgencia de implementar políticas laborales con perspectiva de género, programas de acceso a las mujeres a la economía digital e implementar una economía de cuidado para evitar que este sea un obstáculo para obtener un empleo. Desde el Poder Legislativo, hemos hecho lo que nos corresponde legislando a favor de los derechos de nosotras las mujeres, pero no somos el único poder en este país. Queda claro que se requieren de políticas públicas reflejadas en el presupuesto público para materializar dichos avances, y eso le corresponde al Poder Ejecutivo”, concluyó.
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