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El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, reveló que los motivos de tres de sus cuatro compañeros de la Sala Superior para exigir su renuncia tienen que ver con decisiones administrativas que ha tomado, principalmente algunas que buscan eficientar el ejercicio del presupuesto, como parte de una política de austeridad.
En una carta a la opinión pública, difundida en redes sociales, el magistrado presidente dio a conocer que el pasado 6 de diciembre, los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña en reunión privada, le solicitaron su renuncia “por pérdida de confianza” y le externaron su descontento con diversas políticas administrativas implementadas.
“Es cierto que la política de racionalidad del gasto y austeridad que se ha seguido en el Tribunal ha significado hacer más con menos y reducir ciertos beneficios”, expresa Rodríguez Mondragón en su carta.
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Detalla que algunas de las medidas adoptadas en su administración que han molestado a los magistrados inconformes son:
a) La Comisión de Administración modificó las reglas que permitían a las magistraturas y a su personal de apoyo viajar en primera clase. Ahora se ha regulado y restringido el gasto en viáticos y pasajes aéreos internacionales. Por ejemplo, la compra de pasajes para magistraturas en categoría business debe ser excepcional y justificada. Además, se pide reducir al mínimo el gasto en personal de apoyo que nos acompaña y el número de días que dura cada comisión.
b) Se modificó la normatividad que posibilitaba a las magistraturas disponer de hasta ocho vehículos. Con las nuevas reglas estos se han reducido a cinco.
c) Se estableció un límite a dos dispositivos para pago de peaje (TAGS) en carreteras y autopistas urbanas para uso de magistraturas. Coma resultado, ese gasto ha disminuido a menos de la mitad: mientras que en 2021 se gastaron 578 mil pesos, este año se han gastado 249 mil pesos por ese concepto.
d) Se han fortalecido los mecanismos de registro y control de la dotación de combustible a los vehículos oficiales para garantizar que sean utilizados exclusivamente para las actividades de carácter institucional. En ese tenor, normativamente se ha reducido en un 71 por ciento los montos máximos para combustible.
e) Se ha procurado la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en la adquisición de bienes y servicios. Por ello. por ejemplo, se dejó de contratar a un tercer acreditado para la elaboración de programas internos de Protección Civil, los cuales ahora realiza la Dirección General de Protección Institucional. Esta medida generó un ahorro de un millón de pesos por año.
f) Se reguló el otorgamiento de apoyo de Vales de Alimentos, para que estos se limitaran a un máximo de 15 por mes y sólo se otorguen a personal operativo y de mando medio cuando no pueden acceder al comedor institucional. Adicionalmente, se eliminó un fondo de alimentos que permitía a mandos superiores del Tribunal disponer de ocho salarios mínimos mensuales (aproximadamente 24 mil pesos) para sus gastos de alimentación.
g) Ante algunas solicitudes verbales para la compra de vehículos cuyos precios exceden los límites establecidos en el Acuerdo General de Racionalidad y Austeridad del PJF, se requirió a las magistraturas solicitar la excepción por escrito a fin de someterla a consideración de la Comisión de Administración.
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Reyes Rodríguez asegura que las tres magistraturas también manifestaron su descontento por la falta de consensos del presupuesto solicitado para 2024 a la Cámara de Diputadas y Diputados “Al respecto, el diferendo consistió en que desde la presidencia propuse solicitar un igual al autorizado en 2018, mientras que una de las magistraturas sugería un presupuesto con un incremento del gasto fijo del Tribunal de 8.5% respecto de 2023, con miras a minimizar el impacto de un eventual recorte. Eso habría implicado solicitar 237 millones de pesos adicionales”.
Aclara que el presupuesto aprobado y solicitado por el TEPJF fue escrupulosamente construido, garantiza su debido funcionamiento en año electoral, al tiempo que asume una política de austeridad basada en la racionalidad, la eficiencia y el gasto responsable.
Además, advierte que aún está en el proceso de valoración de la renuncia que le exigen tres de sus cuatro compañeros magistrados, cuya decisión exige una reflexión profunda para calibrar sus efectos en plenas precampañas a la Presidencia de la República.
“Estén ciertos que la democracia mexicana, la independencia judicial, la autonomía de la institución, mi compromiso con la justicia, así como la estabilidad del proceso electoral estarán al centro de mi valoración.
“Como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día de mañana continuaré con la política de diálogo y la búsqueda de soluciones a las diferencias de opinión, que estoy seguro privilegiarán el interés superior de nuestra democracia”, concluye su escrito.
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