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Las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD presentaron una denuncia ante la Contraloría del Senado en contra de 61 senadoras y senadores de Morena por violar la Constitución al promover la revocación de mandato en plena veda electoral .
En el documento presentado ante al titular de la Contraloría Interna del Senado, Andrés Lozano, se denunció el "activismo electoral" de los morenistas en la promoción de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, fracción III y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60, párrafo 8, 112 y 113, párrafo 1, inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción VI, párrafo primero, fracciones I y II, 10, 58, 78, 80, 91, 94 y 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 10, párrafo 1, fracciones I y VII, 19, párrafo 1, y 152, párrafo 1, del Reglamento del Senado, por este conducto presentamos denuncia por la comisión de faltas administrativas graves en el desempeño de la función legislativa, en contra de las sesenta y una senadoras y senadores integrantes del grupo parlamentario de Morena”.
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Al acatar una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó por unanimidad la solicitud de la asociación civil “Que siga la democracia” de participar en la instalación de mesas receptoras de votos para la consulta de revocación de mandato del próximo domingo.
En sesión extraordinaria, los consejeros electorales coincidieron en que la petición es improcedente y muy preocupante para la democracia, pues dicha organización, que ha promovido el ejercicio de revocación de mandato en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende ser juez y parte en este proceso.
En debate de casi dos horas y media, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que de aceptar esta petición, se abriría la puerta a la ilegalidad y a legitimar la parcialidad como un nuevo principio rector sobre el que se funda el sistema electoral, pues en el futuro, cualquier partido político podría exigir su derecho a instalar casillas.
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