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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reveló que el último mes ha sido tortuoso para los funcionarios del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) que buscan ayudar a las mujeres procesadas por abortar, debido a la opacidad y otros obstáculos que ponen distintas instituciones.
En conferencia de prensa, el ministro presidente indicó que luego de que la Corte dictó la resolución en la que declaró inconstitucional sancionar penalmente a las mujeres que abortan y que se informó que el IFDP ayudaría a todas las mujeres procesadas y encarceladas por interrumpir sus embarazos, han encontrado diversos obstáculos para crear una estrategia eficaz para conseguir ese objetivo.
“Sí nos hemos topado con obstáculos para acceder a la información, es un tema tabú en muchos lugares donde no se quiere dar información sobre quiénes están en esta condición, no hay suficiente transparencia en la mayoría de los poderes judiciales para poder nosotros detectar estos asuntos, entonces les puedo decir que ha sido un mes tortuoso en este tema pero vamos avanzando, esta colaboración con la secretaría de gobernación y los tribunales locales creo que va a dar buenos frutos.
“Las prisiones tampoco son muy accesibles para dar datos en este tema entonces por eso necesitamos sumar esfuerzos del Estado mexicano para detectar todos los casos y defenderlas de inmediato”, señaló.
Añadió que además de la opacidad que permea en la mayoría de los poderes judiciales, los reclusorios del país tampoco están abiertos a dar información al respecto.
Por ello, reconoció que buscó al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López , para que con la información que la dependencia obtenga a través de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (Conavim) y en colaboración con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), los abogados del IFDP obtengan datos certeros para echar a andar la iniciativa de ayudar a las mujeres criminalizadas por abortar.
Durante el evento, el ministro recordó que en esta resolución sobre el aborto, dictada en septiembre pasado, la Corte determinó eliminar un atenuante al delito de violación entre cónyuges establecido en la legislación de Coahuila.
“Este tipo de preceptos cosifican a la mujer, este tipo de preceptos parten de un supuesto de que una mujer casada es un objeto a disposición de su marido y esto no es admisible, ha sido una lucha muy larga hacer entender a la sociedad y a los legisladores que este tipo de normas no son posibles, no son constitucionales, no son válidas, no son ni siquiera decentes”, comentó.
Añadió que anteriormente la Corte tenía una jurisprudencia en la que se consideraba que este delito no existía bajo el argumento del débito carnal y que fue votada a favor por dos ministras.
“Hoy nos parece un verdadero escándalo, a mí me lo pareció desde entonces, por cierto”, dijo.
Actualmente, la jurisprudencia Gil-Green ya es inválida.
“No se puede pensar que porque una mujer se casa, pierde su autonomía en su vida sexual”, comentó.
Una de las ministras que Zaldívar refirió fue Victoria Adato Green, quien en el año 2016 se convirtió en la primera jurista en recibir la medalla “María Cristina Salmorán de Tamayo” al Mérito Judicial Femenino otorgada por la Corte.
“Esos premios no necesariamente se otorgan con una votación abierta y no tengo ningún problema con la ministra, creo que se le vieron los méritos suficientes para ese premio”, añadió.
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