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El gobierno mexicano —por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)— clasificó en 2019 como reservada durante cinco años la solicitud de extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero realizada por Estados Unidos, por lo que la información se podrá conocer hasta marzo de 2024.
En marzo de 2019, cuatro meses después de que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, un particular pidió a la Cancillería una copia de la solicitud de extradición del llamado Narco de Narcos realizada por EU; sin embargo, la dependencia acordó en la resolución CTA-055-2019 mantener la información como reservada al señalar que pondría en riesgo las investigaciones y procesos, y que se dañaría la confianza entre ambos gobiernos.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) indicó que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece que la información no puede ser divulgada ni ser del dominio público y recordó que la Convención de Viena establece que todos los archivos y documentos que se hacen llegar a la embajada de un país acreditado a otro gobierno son “inviolables”.
“Se pondrían en riesgo procesos penales e investigaciones en curso no sólo de los reclamados, sino de las personas que forman parte de las asociaciones delictuosas. Se pondría en riesgo la integridad física de las personas que declararon y que identificaron plenamente a los reclamados, como son testigos, así como, en su caso, los fiscales que hicieron las investigaciones y los jueces que conocen los procesos.
“En caso de hacer pública la información se estaría generando un daño irreparable al titular de los datos personales al no existir ningún procedimiento que permita devolver las cosas al estado inicial en que se encontraban previo a su publicidad”.
Además, se asegura que dar a conocer estos documentos dañaría la confianza depositada en el gobierno de México por su contraparte de la Unión Americana “al haber permitido que fueran exhibidas sus investigaciones y documentos en forma pública y para un fin distinto para el cual fueron entregadas”.
“Periodo de reserva: cinco años a partir del 14 de marzo de 2019, fecha en que se emitió la resolución CTA-055-2019, en la cual se confirmó la reserva del expediente de extradición”, se indica en el resolutivo del Comité de Transparencia de la SRE.
“Documento debe ser público”
Especialistas en transparencia consideraron sin embargo que la solicitud estadounidense para la extradición de Caro Quintero debe ser pública; acusaron que ha habido un abuso en la clasificación de documentos como reservados invocando —en muchos casos de forma errónea— la seguridad de las personas o del Estado. En entrevista con EL UNIVERSAL, Jacqueline Peschard, excomisionada presidenta del Ifai (hoy Inai), consideró que la solicitud de extradición del capo Rafael Caro Quintero debería ser pública.
“No debería ser reservado, sino que debería ser un documento público porque es una cosa terminada, es una declaración de extradición, en ese sentido, no hay nada que proteger”, dijo.
Descartó que dar a conocer el documento pueda dañar la confianza entre los gobiernos de México y Estados Unidos, como argumento la SRE para reservar la solicitud hasta 2024.
“Dicen que eso puede dañar la confianza o socavar la relación, ¿eso por qué?, si sólo están pidiendo la solicitud de extradición de un procesado que estaba prófugo de la justicia. No afecta la relación porque es algo ya conocido, la intención de Estados Unidos, desde hace muchos años, de extradición”, mencionó.
Señaló que dar a conocer el documento abonaría a la transparencia y rendición de cuentas, y recordó que en ocasiones el gobierno de EU transparenta cosas que el de México no.
Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana (TM), dijo que en los últimos años ha habido un abuso en la clasificación de documentos públicos como reservados invocando, en muchos casos y de forma errónea, la seguridad de las personas o del Estado.
“La ley prevé formas de divulgar información de relevancia pública sin afectar derechos de personas o la integridad del Estado mexicano (...) Están las versiones públicas de los documentos”, en las que se reservan ciertas partes, acotó.
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