Escalonar los relevos de los juzgadores con motivo de la reforma constitucional al Poder Judicial, además de ser inequitativo, podría generar la idea de que se puede transigir en unos juzgados y en otros no.
En entrevista con EL UNIVERSAL en su oficina del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres Guadarrama señala que el voto popular no garantiza que sólo los mejores abogados lleguen a ser jueces, magistrados o ministros, pues ni el actual proceso lo hace.
Dice que el voto popular puede garantizar jueces con un nivel de corresponsabilidad social con mayor conciencia y noción de la realidad.
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En la inauguración de los Diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial, un sector de la Corte pidió que la sustitución de juzgadores se realice de manera escalonada. ¿Coincide con la propuesta?
—Hay que ver las propuestas en concreto, a qué se refieren con escalonamiento; en el caso de las ministras y ministros, no se entendería que hubiera tal escalonamiento.
¿Por qué?
—Es muy difícil estar pensando que cuando terminen su gestión eso llevaría un proceso de 15 años, y si pensamos que la última en ingresar es su servidora, no le veo sentido.
¿Tiene que realizarse la elección de los ministros?
—Debería hacerse la elección de los nueve ministros que se propone o el número que decida el Poder Legislativo. En el caso de los ministros, parejo (la elección), porque no se entiende cómo entra en vigor.
¿La elección de jueces y magistrados podría ser de forma escalonada?
—Depende también de cómo se vaya a operar. He escuchado algunos planteamientos de que se elijan todos en una sola propuesta nacional para que puedan ser removidos como actualmente el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los puede mover de circuito, es decir de estado, que los puedan seguir moviendo es una posibilidad que hace complicada la elección.
¿Qué plantean las otras propuestas para los jueces y magistrados?
—Hablan de elección vía por circuito. Que se elijan exclusivamente las y los jueces, las y los magistrados del mismo circuito.
¿Es más funcional?
—Hace muchísimo más funcional o práctica la elección, entonces serían elecciones acotadas, porque es más fácil conocer a un número limitado que a un listado de mil 500 juezas y jueces de todo el país. Tendría una forma también de definirse que hasta ahorita me suena arbitraria.
¿Por qué le parece arbitrario?
—¿Con base en qué salen unos y otros se quedan? ¿A quiénes elegimos y a quiénes no? ¿A los que tienen más de cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Qué tal si son mejores unos que otros? Y si le hacemos caso a ese gran criterio que se privilegie o dice privilegiar que es el mérito. ¿Qué tal si sacrificamos a unos que deberían quedarse? Es difícil.
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¿Se podría hablar de ratificación?
—Sí, me inclino más por un proceso en principio de ratificación que pensemos o prioricemos la ratificación de quienes ya están. No lo sé, tenemos que generar un mecanismo equitativo.
¿Considera que se pueden realizar los cambios de jueces y magistrados al mismo tiempo?
—Tampoco le veo tanto peligro que se cambien al mismo tiempo todos o se ratifiquen unos o se sometan a ratificación o cambio al mismo tiempo, porque justamente lo que sí hay es una base de técnicos.
¿Qué podrían hacer los técnicos en este caso?
—Perfectamente ayudar a esa transición. Hay una base de profesionales de secretarios de los propios tribunales y de los juzgados de Distrito, de los juzgados federales, que podrían ser un gran puente para esa transición.
Entonces, ¿no hay peligro?
—No vería el peligro de mover a las cabezas, porque justamente el equipo técnico no se mueve y la mayor parte son profesionales de carrera o basificados. Puede ser una seguridad de transición, más que el escalonamiento, que me parece incluso hasta riesgoso.
¿Por qué le parece un riesgo el escalonamiento?
—Además de ser inequitativo, podría generar la idea de que se puede transigir en unos juzgados y en otros no. Generamos un régimen de los juzgados del nuevo juez y los juzgados del viejo juez, incluso hasta con prejuicios. Prácticamente es abrir dos regímenes en convivencia un poco extraños, que no son ni siquiera generar una idea de composición mixta de juzgados.
¿Cómo el voto popular garantiza que sólo los mejores abogados lleguen a ser jueces?
—Pues no lo garantiza ni este proceso que tenemos. Eso de los mejores abogados siempre va a ser subjetivo, pero el voto popular puede garantizar que abogados y abogadas que lleguen a ser jueces tengan un nivel de corresponsabilidad social con mayor conciencia, noción de la realidad, porque luego se encierran 30 años en un juzgado. Se pierde la noción de la realidad.
¿Qué preparación se necesita para ser juez?
—Es muy importante pensar que las escuelas de Derecho de nuestro país pueden dotarnos de muchos perfiles que pueden llegar a ser jueces. ¿Qué preparación? Necesitamos sino de origen seguirla formando permanentemente.
¿Se mantendría la carrera judicial?
—Es de los temas que están ahorita en discusión. Puede aprovecharse por supuesto, algunos estudiosos mexicanos dicen que en realidad no existe la carrera judicial propiamente dicha en el Poder Judicial mexicano.
¿Por qué?
—Existe una selectividad cerrada para quienes participan en el propio Poder Judicial, es decir lo que se garantiza es un conjunto de ascensos concursados en el mejor de los casos, más que carrera judicial.
¿Cómo se entiende la carrera judicial?
—La carrera judicial o la carrera profesional suele entenderse como un mecanismo de selección de las personas más aptas. Para elegir a las más aptas tendría que abrirse al conjunto de profesionales que pueden ejercer el cargo, en el caso del Poder Judicial mexicano eso no sucede, se hacen selecciones que más bien tienen que ver con una especie de escalafón. Hay una forma de ascender que es un concurso en el mejor de los casos.
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¿Qué problemas enfrenta el Poder Judicial?
—El enorme problema que tiene de influyentismo, de conexión con grupos específicos de intereses creados o incluso con algunos otros problemas como el nepotismo.
¿Qué privilegios tienen los ministros, jueces y magistrados?
—Tenemos una situación grave en términos de que no solamente los 11 ministros, 10 ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no están acatando el artículo 127 fracción 2 de nuestra Constitución, tampoco lo cumplen a 100% de los magistrados y 100% de los jueces. En el caso de la Corte, ganan más que el tope presidencial que señala nuestra Constitución.
¿Qué otros privilegios tienen?
—En el caso de ministros y ministras, pues está el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizada. Hay un pago que se hace de alimentos extra al servicio mismo de comedor que aquí se recibe. Hasta 300 pesos para lentes, un monto de 40 mil pesos para medicamentos que no estén contemplados dentro del seguro de gastos médicos mayores.
¿Son prestaciones permanentes?
—Sí. Todo está sumando cerca de 590 mil pesos al mes que está percibiendo un ministro o ministra. Exceden con mucho el límite que viene en el artículo 127 constitucional.
¿Disponen de escoltas?
—Existe una disponibilidad de escoltas, hay quizá más vehículos de los que se requieren para ministros fundamentalmente, pero también para otros funcionarios de la propia Corte. Básicamente el asunto está concentrado en esos privilegios, como prestaciones personales y deberían suprimirse.
Hace unos días, supuestos trabajadores del PJF la increparon en un evento, ¿cómo lo considera?
—Entiendo que puede haber algún sentimiento de incertidumbre, es importante que justamente todos quienes estamos participando en este proceso les generemos la sensación de certidumbre, que seamos muy firmes en respetar el transitorio y se respetarán los derechos de las personas trabajadoras.
Se comenta que en estas elecciones se podría infiltrar el crimen organizado, ¿cuál es su postura al respecto?
—Es más ruido que la posibilidad en tanto que permanentemente estamos haciendo elecciones, es un riesgo incluso menor que las elecciones que se hacen, justamente porque hay otros requisitos mayores.
Los ministros advirtieron que una reforma mal hecha podría convertir la justicia en una subasta de jueces y que generaría compromisos políticos, ¿qué opinión le merece?
—Se hacen afirmaciones como si no hubiera ya una iniciativa muy específica, esa iniciativa no habla de elección vía partidos políticos, no veo la subasta política. Actualmente es un cuerpo político.
