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El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer nuevamente descalificaciones en contra de EL UNIVERSAL, ahora para rechazar un reportaje de este diario sobre presuntos actos de corrupción en las obras del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.
Entre otros señalamientos, el Mandatario mexicano dijo durante su conferencia matutina: “No les creo… los de EL UNIVERSAL son de estos medios que antes aplaudían al gobierno y ahora están constantemente cuestionado al gobierno, atacando al gobierno. Y por lo general se dedican a mentir”.
La consultora Spin, que sistematiza la información generada en las conferencias presidenciales, ha registrado desde el inicio del gobierno de López Obrador, en 254 ocasiones en que se ha referido a EL UNIVERSAL. El área de Periodismo de Datos de este diario contabilizó que en al menos 217 de ellas el Jefe del Ejecutivo buscó desautorizar y deslegitimar su labor informativa.
Como ha ocurrido con otras empresas informativas, el Presidente se ha referido a este periódico como “pasquín inmundo” y parte de lo que denomina “hampa del periodismo”. Estos insultos del gobernante han causado alerta entre entidades internacionales defensoras de la libertad de expresión, para las que desde Palacio Nacional se ha configurado una narrativa de acoso hacia la prensa independiente al ubicarla entre los supuestos “adversarios” del gobierno. Ello, han dicho estas instituciones, limita los derechos ciudadanos a saber, supone un amago de censura y alienta la violencia contra periodistas y medios de comunicación.
En la misma conferencia de prensa, el presidente López Obrador aludió nuevamente —ya lo había hecho el 12 de mayo pasado— a la supuesta irregularidad que supone el que EL UNIVERSAL cuente con un crédito otorgado por Nacional Financiera en 2014 por una cifra final de 200 millones de pesos, destinados contractualmente a fortalecer las operaciones multimedia de esta compañía periodística, próxima a cumplir 105 años de fundada y de la que dependen miles de trabajadores y sus familias.
“Ahí te encargo [le dijo al reportero de esta casa editorial] que le preguntes a [Juan Francisco] Ealy [presidente y propietario único de la empresa] cómo le hizo. ¿Por qué tanto? Entonces, ¿por qué le dieron un crédito en Nacional Financiera? Y con todo respeto, ¿cuándo lo va a pagar?, porque es dinero del pueblo”.
Tanto Nacional Financiera como el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) son parte de la banca de desarrollo del Estado mexicano con el mandato de impulsar el mercado local y la creación de empleos, misión que cumplen entregando créditos a diversas empresas.
Tan sólo de enero a junio de 2021, Nafinsa dio créditos a 212 mil 837 empresas, entre ellas medios de comunicación.
El propio presidente López Obrador ha defendido la vocación de la banca de desarrollo para financiar a compañías del ramo. “Nacional Financiera y Bancomext dan créditos a las empresas, y la empresa de Epigmenio [Ibarra] tiene la posibilidad de recibir estos 150 millones”, dijo el pasado 19 de marzo al intervenir durante una polémica surgida por el crédito de 150 millones de pesos otorgado por Bancomext al productor cinematográfico y directivo de la empresa Argos.
En sus señalamientos a EL UNIVERSAL, el presidente López Obrador dijo, finalmente, que esta empresa recibió durante el sexenio pasado una inversión publicitaria que ubicó en mil 450 millones de pesos. No hizo ninguna alusión a reportes de organismos como Artículo 19 en el sentido de que el actual gobierno ha privilegiado con gasto publicitario a publicaciones afines y castigado a las críticas o independientes.
Este mismo miércoles la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social vigente desde 2018, que rige el gasto en medios de comunicación, al establecer que otorga al gobierno una “enorme discrecionalidad” para ejercer la difusión de sus actividades. Se prevé que en las próximas semanas el Congreso sea emplazado a generar una nueva ley en este campo.
“Se torna indispensable [la derogación de la ley] para evitar (…) censura indirecta o un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”, establece la sentencia aprobada a propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara.
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