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“Tenía 17 años y cometí un gran error”, relata Edson L., quien fue condenado por el delito de secuestro exprés. Hoy reconoce que se tardó en aprender la dura lección, pero que no dará marcha atrás.
“Al mes de entrar al tutelar, había sufrido golpes, abusos de otros reos, cosas que me hicieron sufrir, con el tiempo conseguí ‘poder’ y empecé a hacerle a otros lo que me hicieron a mí”, recuerda.
A Edson lo detuvieron en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, luego de recoger el rescate de su primera y última víctima de secuestro.
En ese momento, su hijo tenía dos meses. El pequeño, que hoy tiene cuatro años, convive con Edson cada fin de semana, pues la relación con la mamá del menor terminó.
“Aunque yo era menor de edad, sacaron mi foto y mi nombre completo en los periódicos. Los policías que me detuvieron ese día me torturaron y me querían obligar a firmar cosas que no había hecho”, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL.
En la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se precisa que uno de cada dos adolescentes detenidos y procesados (50.2%) sufrió violencia física al momento de su captura, mientras que 87.5% fue pateado o golpeado con las manos, a 34.6% le impidieron respirar y 32.9% recibieron descargas eléctricas.
“Mi proceso duró un año y me sentenciaron a siete años y seis meses, en 2015. Pensé: ‘Voy a salir a los 25, ya mejor ni salgo, y si salgo será para hacer lo que hacía y hasta peor, porque aquí aprendo otras cosas’”, relata.
La primera y la última
Cuando Edson dicidió participar en un secuestro exprés, fue la primera ocasión en que se había animado a cometer un delito grave bajo la “tutela” de un hombre de 30 años que actualmente enfrenta un proceso en reclusión, pues es la tercera vez que delinque.
Hasta el momento, no existen estadísticas que midan el nivel de reincidencia ni en adultos ni en adolescentes, pero el Inegi reportó que a nivel nacional 9.7% de los adolescentes en el sistema de justicia penal había pasado por un proceso jurídico previamente y 5% estuvo anteriormente en la cárcel.
El proceso de Edson inició bajo las reglas del sistema penal mixto, pero la entrada en vigor de la nueva Ley de Justicia para Adolescentes, en 2016, le permitió salir de la cárcel en menos tiempo de lo que esperaba.
“Yo había tenido problemas de conducta y me pusieron tres meses de castigo en un cuarto de cuatro por cuatro [metros] donde te tienen solo, nada más te suben desayuno, comida y cena, pero no hay nadie, no sales, no recibes visitas. Cuando terminó mi castigo había entrado en vigor la nueva ley, al mes, me notificaron que me habían reducido la sentencia a tres años siete meses”, recordó
Reconoció que el tiempo que permaneció aislado le sirvió para pensar qué había hecho hasta ese momento de su vida y lo que haría en el futuro. Cuando regresó del castigo decidió inscribirse a talleres y a estudiar.
Dentro del penal, Edson comenzó a practicar atletismo y futbol, su interés llegó a tal grado que actualmente dedica gran parte de su tiempo a entrenar.
“Terminé la secundaria allá adentro [en el penal] y empecé la prepa, ahorita sigo en eso, estoy estudiando para ser maestro de Educación Física de preescolar.
“Le quiero dar herramientas a los niños para que cuando crezcan, si en algún momento tienen situaciones de riesgo o tienen malas amistades, el deporte puede servir como un pilar o un protector para que decidan no irse por el mal camino”, comentó.
Al joven, de 1.85 metros de altura, le gusta bailar, dar clases de zumba, estudiar inglés y computación, y ayudar a otras personas en estado de reclusión a que mejoren su vida.
Atletismo y salud
Edson fue seleccionado por el Comité Olímpico Mexicano en el que entrena para ser fondista en carreras de 100, mil 500 y 3 mil metros; 400 y 300 metros planos. Su meta, afirma, es participar en los juegos nacionales.
Aunque la nueva ley representa un avance para que los menores de edad no permanezcan tanto tiempo en reclusión, Mercedes Castañeda, directora de Reinserta, comentó que al implementarse dicha norma no se acompañó con una política efectiva de reinserción.
“Una vez que tuvimos la ley, en 2016, se tardó tres días para entrar en vigor, cuando la de Ejecución de Penas para adultos se tardó ocho años. Esto, lo hizo sin presupuesto, de un día para otro, de manera retroactiva, sacaron a los jóvenes y ahí perdimos a muchísimos. Ahorita cada estado está armando sus centros de externación para que [los reclusos] cumplan sus penas por fuera.
“Esto dejó muchos huecos, lo cual es un riesgo enorme porque no sabemos qué pasa con estos chicos”, afirmó.
De acuerdo con el Inegi, se estima que un total de 6 mil 891 jóvenes delinquió el año pasado, 92.2% de ellos son hombres.
“La ley no permite que un menor de 14 años, sin importar lo que haya hecho, sea privado de su libertad; podemos tener un niño sicario de 12 años con 45 homicidios y por ningún motivo puede estar privado de su libertad”, agregó Mercedes Castañeda.
Si los adolescentes tienen 14 años cumplidos al momento de delinquir, sólo pueden recibir una pena máxima de un año de internamiento; de los 15 a los 16, reciben sentencia máxima; con 17 años hasta un día antes de llegar a los 18, pueden ser acreedores de una condena de cinco años, sin importar si cometieron un robo o 40 homicidios.
Mercedes Castañeda explicó que Reinserta ha identificado algunos factores de riesgo por los que un joven delinque: historia de conducta antisocial, consumo de sustancias, no acudir a la escuela, patrones de personalidad agresivos o impulsivos, como el gusto por la adrenalina, pocas habilidades para resolver problemas y el pensamiento antisocial.
“Esta última la vemos mucho en México porque es como una actitud procriminal, como admirar a los grandes capos, normalizar estas conductas, voltear a verlos a falta de líderes positivos, como ocurre con Los Diablitos, en los que su mentor es un chavo que venía saliendo del reclusorio”, apuntó.
Otros factores son: asociaciones delictivas o antisociales, estar involucrado en círculos sociales o familiares en los que sus integrantes se dedican al delito, situaciones problemáticas en el hogar, como violencia intrafamiliar, negligencia o falta de límites, problemas en la escuela o el trabajo y tiempo de ocio.
“El reto que enfrentará el gobierno entrante es la acción y la reinserción, entendida ésta como la prevención terciaria [ enfocada a evitar la reincidencia]”.
Roberto Hernández, investigador de World Justice Project, consideró que en materia de adolescentes en conflicto, se debe poner especial cuidado en la población masculina: “Son los que están más en riesgo de cometer delitos e incorporarse a las filas del crimen, pues a esa edad es cuando, muchos de los que hoy son población adulta del Reclusorio Oriente o de las cárceles más importantes, se inician en la carrera delictiva”, indicó.
