La Coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) , en la Cámara de Diputados , , recordó que el Estado Mexicano está obligado a garantizar el derecho a la educación de niñas y niños, pero también su vida.

Por ello, exigió un retorno seguro a clases presenciales, coordinado con los directivos, el personal docente y madres y padres de familia de cada plantel, y supervisado por las autoridades sanitarias.

“L a Secretaría de Educación Pública no debe tomar la decisión unilateral del regreso a y dejar sólo a los padres de familia la responsabilidad mediante la firma de una carta responsiva”, apuntó.

La lideresa perredista consideró que las y los niños no deben exponerse a eventuales contagios de la Covid-19, y ejemplificó que en otros países los dos criterios más importantes que se han considerado para tomar la decisión de regresar a clases presenciales son la aplicación de la vacuna al mayor número de la población y la disminución en el número de contagios.

"En México sólo se han aplicado aproximadamente 74 millones de dosis, lo que implica que poco más de 35 millones de personas cuentan con el esquema completo de vacunación, lo cual si se considera que la población del país supera los 127 millones de personas", puntualizó.

Advirtió que los contagios no han podido ser controlados, y sostuvo que en la tercera ola se ha presentado en 24 horas el mayor número de contagios en todo lo que va de la pandemia.

“Por eso el retorno a clases no debe ser unilateral ni dejar la responsabilidad del retorno de niñas y niños a clases a las madres y padres de familia. Debe ser una decisión colegiada, que cuente con la opinión de expertos, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y de todos los niveles de gobierno”, expresó.

Coincidió en que las niñas y niños requieren retornar a clases presenciales, "pero también es cierto que el Estado Mexicano debe garantizar un regreso seguro, que no ponga en riesgo su vida”, concluyó.

rdmd

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