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Tras la aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en el Senado de la República, especialistas advirtieron riesgos en el tema de la privacidad y la seguridad, pues se trata de una base de datos más grande que el padrón electoral a partir de información recabada por empresas privadas y a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Consideraron que el padrón podría no ser suficiente para enfrentar al crimen organizado, pues dijeron que la delincuencia organizada tiene múltiples alternativas para eludir esta base de datos, avalada por el Congreso de la Unión en sus dos cámaras.
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), mencionó que la delincuencia organizada tiene múltiples alternativas para eludir el padrón aprobado por el Senado.
“Puede usar chips de telefonía de Estados Unidos, usar sistemas de voz sobre protocolo de internet (VoIP) similares a Skype, desde donde se pueden hacer llamadas y modificar el número que aparece en el identificador, clonar tarjetas SIM, robar teléfonos, obligar a personas a registrar teléfonos a su nombre y entregarlos”, dice García.
Advierte que este padrón es riesgoso, pues la iniciativa menciona que se presumirá que las llamadas salidas de un número celular son de la persona registrada, por lo que se tendrán presuntos culpables acusados y desperdiciando recursos de investigación que no son reales.
El mayor riesgo son los temas de la privacidad y la seguridad: “El padrón, por ser una base de datos gigantesca, centralizada, la más grande de la historia del país, un padrón biométrico más grande que el electoral, significará grandes riesgos a la seguridad y a la privacidad”, destaca el director de R3D.
En México hay 126 millones de líneas de telefonía móvil frente a 93.9 millones de personas que están registradas ante el INE, lo que significa un padrón con datos personales y biométricos de prácticamente toda la población.
Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, coincidió en que esta iniciativa invita a la creación de un mercado negro de SIM en México y de evasión masiva y sistemática a la ley, el cual pondrá en vulnerabilidad a
las políticas públicas del Estado mexicano.
