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Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, José Antonio Montero Solano, director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, reconoció que la reforma judicial que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros se hizo sin ningún diagnóstico previo.
En su intervención dio una explicación difusa al señalar que hay encuestas sobre el tema: “No existe un diagnóstico; sin embargo, desde 2017 hay análisis, artículos, que establecen la necesidad de reformar”.
Agregó que el mecanismo de elección planteado en la reforma judicial es incluyente, no es un proceso cerrado y reservado para unos cuantos, si bien cualquier persona que cumpla con los requisitos de idoneidad podrá postularse en los diversos espacios que definan las convocatorias.
Montero Solano resaltó que la reforma al Poder Judicial en México es un gran paso en la democratización de uno de los poderes públicos fundamentales, el poder al que le corresponde impartir justicia, y enfatizó que era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en el sistema de justicia.
“En México, los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes peligrosos, a narcotraficantes, dictan sentencias sin perspectiva de género, legalizan el despojo de tierras de indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y estatales.
“En el ejercicio de esa soberanía popular se cumplió con el artículo 135 constitucional, el cual establece la forma y la capacidad legal de reformar la Constitución política, por lo anterior, la reforma judicial ya es una realidad en México”, argumentó.
Consideró que la actuación de los jueces contra la reforma judicial los involucra en un conflicto de interés y hasta ahora no hay violación a derechos humanos, “son especulaciones, todo se habla en un futuro incierto”.
El director general de Consulta remarcó que la reforma ya es vigente en el Estado mexicano con la decisión del pasado 5 de noviembre del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se confirmó la validez de la reforma.
Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) justificó la reforma judicial para eliminar la corrupción, el nepotismo y garantizar la transparencia y rendición de cuentas de los jueces.
Dijo que se garantizó el método para escuchar a todas las voces a través de diálogos nacionales, ya que la Constitución no puede ser modificada de manera arbitraria, sin con un proceso claro, preciso y exhaustivo para garantizar la estabilidad y continuidad del orden en México.
