La reforma judicial y su expresión más reciente, la elección de personas juzgadoras, conducirán al país irremediablemente a la ingobernabilidad, advirtió el doctor Diego Valadés Ríos, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exprocurador general de la República e integrante emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En entrevista con EL UNIVERSAL, considera que esta reforma constitucional “imprudente, mal pensada, mal diseñada y una ocurrencia” del expresidente Andrés Manuel López Obrador colocará a jueces y magistrados en una situación de extrema vulnerabilidad, y bajo la presión y el asedio de organizaciones del crimen organizado, cacicazgos y grupos de poder político y económico.
Recalca que esto no sólo pondrá en riesgo la independencia de los jueces, sino que hará fracasar la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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El jurista señala que no le preocupa la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque a pesar de su perfil cercano a la 4T, cada ministro tendrá un prestigio que cuidar y el hecho de que su mandato sea transexenal permitirá que actúen con independencia frente al resto de los poderes.
El doctor Valadés Ríos subraya que se requiere contar con una Secretaría de Justicia, desaparecida en México desde 1917, pues esa omisión genera que el país carezca de diagnósticos sobre lo que se necesita realmente para combatir la impunidad y lograr la justicia en el país.
¿Cuál es su balance sobre la reforma judicial y en especial de la primera elección abierta de personas juzgadoras?
—Mi balance es muy negativo con relación no sólo al procedimiento electoral, sino a lo que viene hacia el futuro por lo que respecta al sistema judicial mexicano. Veo dos aspectos: uno, el de la integración de la Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral, cuya conformación no afectará hacia el futuro sus procedimientos y formas de decidir. El problema no está ahí, el problema está en la parte que corresponde a los magistrados y a los jueces de Distrito, en primer lugar, porque todos quedan de alguna manera obligados a conservar como residencia permanente durante los nueve años de su desempeño aquellos sitios en los que hayan sido elegidos. ¿Esto qué significa?, que quedan sujetos a las presiones y a los intereses locales, pueden ser presiones e intereses procedentes de las oligarquías locales, de los cacicazgos locales, de los grupos delincuenciales locales o de otros intereses relacionados con corporaciones, sindicatos, inclusive con los propios despachos de abogados.
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¿Metió mano el crimen organizado en la elección de algunos de los candidatos?
—No lo creo, porque entre otras cosas no lo necesitaban. A cualquier juez ya electo y en funciones ante quien se presente un emisario de algún grupo delincuencial y amenace al juzgador y le diga: “Sé dónde viven tus padres, tus hermanos, a la escuela a la que van tus hijos, quiénes son tus compañeros de estudio”, lo tendrán perfectamente localizado, y ese personaje lamentablemente va a tener que resistir heroicamente las presiones, a riesgo incluso de su integridad física y de la integridad de su familia, o hacer concesiones indebidas, y eso por virtud de la estructura de la reforma, o sea, eso en merma de su independencia e incluso de su seguridad.
En segundo lugar, los jueces y magistrados tendrán que hacerse inevitablemente la idea de que pueden no ser reelegidos dentro de nueve años. Los ministros de la Corte van por 12, pero ahí la lógica es distinta. Ellos mantendrán o no su criterio y lo más probable es que pese a lo que se supone, infiere o se dice incluso, muchos van a actuar con mucha independencia en el curso del tiempo.
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¿El Poder Judicial que entrará tiene plena legitimidad?
—Sin duda la elección fue legítima en el orden procedimental; sin embargo, la viciaron y establecieron, ya no con relación a los elegidos sino con relación al sistema electoral, un precedente de manipulación que no habíamos visto de una manera tan ostensible nunca en la historia de México, y digo nunca, porque se decía que había quienes en el pasado llevaban indicaciones o tenían que presentar como prueba para recibir alguna compensación la foto de su voto o múltiples añagazas que se establecían, pero llegar al punto de elaborar todo un listado para señalar la forma en que tenían que votar y como estamos viendo ahora ese listado corresponde plenamente con los resultados electorales, una cosa de ese tamaño no la habíamos visto jamás.
¿Esta reforma judicial nació del ánimo de venganza del expresidente López Obrador?
—No participo de ese criterio, yo creo que esta reforma fue diseñada con el propósito muy directo de generar problemas para la gobernabilidad del país y que a quien más afecta es a una persona que se llama Claudia Sheinbaum.
¿Se requiere una nueva reforma o una contrarreforma?
—Esta reforma no admite ningún ajuste, está tan mal planteada, tan mal diseñada, que no tiene forma de ser rescatada, y no hablaré yo de contrarreforma porque en realidad esta no fue una reforma judicial, esta fue una ocurrencia política. Lo que necesitamos es tener una verdadera reforma judicial, pero para 2027 le veo escasas posibilidades por una razón: porque todas las reformas en México de 1977 a la fecha habían sido hechas por consensos políticos. Se tomaba en cuenta no sólo a las fuerzas políticas, sino a las expresiones de la sociedad, de la academia, de los propios interesados e involucrados en la reforma.
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Esta fue la primera que se hizo en contra de lo que el Poder Judicial de la Federación opinaba, no se tomó en cuenta su opinión. Entonces, mientras subsista ese criterio de aislamiento por lo que respecta al Poder Judicial y de desinterés por lo que opinen todos los sectores, ninguna reforma será adecuada para resolver los muchos problemas que tiene la justicia en México.
¿Qué modificaciones le haría usted a la ley vigente?
—Acabo de publicar un libro en el que planteo una serie de decisiones que incluyen la materia judicial y que tienen como objetivo lo que yo llamo la reconstrucción del Estado mexicano, ya las reformas parciales que se intenten van a ser prácticamente infructuosas, porque lo que se hizo con esta reforma fue desarticular lo poco que quedaba de institucionalidad para la gobernabilidad del país y ya estamos en esa etapa de aceleración significativa de la ingobernabilidad en México.
¿México está condenado a no contar con un mejor sistema de justicia?
—Sólo le veo una ventaja a esta reforma, que va a acelerar a tal punto la ingobernabilidad del país que obligará a que en un futuro no lejano la sociedad exija que repensemos el diseño de las instituciones y que se haga de una manera responsable. El sistema de justicia estaba muy mal, pero esto fue la puntilla.
¿Qué panorama tenemos ahora a unos meses de que entre el nuevo Poder Judicial?
—El de la ingobernabilidad, el diseño completo nos lleva a eso, no hay paliativos, por eso tampoco hay posibilidades de medio corregir o medio solucionar esto.
Valadés Ríoz lamentó que la única salida inteligente a la que pudo acceder la Presidenta la dejó escapar. Recordó que el ministro Juan Luis González Alcántara propuso conservar la elección de los ministros de la Corte, la elección de los integrantes del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial y cancelar las otras elecciones.
“Si se le hubiera tomado la palabra, si el gobierno hubiera dicho: ‘Está bien, si la Corte plantea eso le tomó la palabra, reformo la reforma, elijo a mis ministros y demás y el resto que siga en el sentido más positivo posible, manteniendo la profesionalidad, y lo que voy a hacer es que con esa nueva Corte y con ese nuevo Tribunal de Disciplina voy a a depurar los vicios y desviaciones que existan en este momento’, era una opción importante, valerosa, sensata. Si se le hubiera tomado la palabra a la Corte en ese momento, esta reforma no sería tampoco ideal y no resolvería todos los problemas, pero habría permitido mantener la gobernabilidad del país”, apuntó.