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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 123 constitucional para garantizar el derecho al trabajo a las personas de la tercera edad, sin que medie discriminación alguna, lo que implica que ningún empleador, tanto en el sector público como en el privado, podrá establecer un límite máximo de edad para la contratación de un empleado.
Establece que no se podrá poner un límite máximo de edad para obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, para todo contrato de trabajo, y así evitar la exclusión laboral.
También se especificó en la Carta Magna que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores tampoco podrá establecerse una restricción de edad máxima para el acceso o continuación en un cargo dentro del sector público.
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Adultos mayores enfrentan discriminación laboral
Al fundamentar el dictamen, la diputada Karla María Rabelo Estrada, de Morena, dijo que las personas adultas mayores enfrentan discriminación laboral, por ello es necesario actualizar la Constitución para salvaguardar los derechos y las libertades fundamentales bajo una perspectiva de progresividad.
Esa disposición, afirmó, permitirá a las personas adultas mayores seguir participando en la vida laboral y económicamente productiva del país, “lo cual salvaguarda sus derechos y libertades, pero sobre todo dignifica la vida, ya que podrán acceder a un empleo formal, a una fuente de ingresos, prestaciones de ley y seguridad social”.
“Ya que no podemos soslayar que somos un país envejeciente; actualmente, las personas mayores de 60 años representan 15 millones del total de la población mexicana, y según proyecciones de Conapo se estima que para 2050 habrá 33.4 millones de adultos mayores”, detalló.
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Por su parte, la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, de Morena, señaló que la reforma busca garantizar en la Constitución Política la no discriminación laboral por edad, ya que, según la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género, 90 % de las ofertas excluyen a personas mayores de 35 años.
“Su exclusión laboral es motivada simplemente por estigmas y prejuicios que terminan provocando pobreza e inseguridad económica”, señaló.
La minuta que propone la reforma constitucional fue aprobada por la mayoría calificada de la Cámara de diputados por 461 votos a favor, y fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
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