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La reforma judicial que contempla la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, y la reforma energética que da preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) representan obstáculos para que el gobierno renegocie el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, señaló el diputado Gustavo de Hoyos Walther, de Movimiento Ciudadano (MC).
En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que dicho tratado representa la principal política pública del país y forma parte del programa sexenal de trabajo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, por lo que se debe garantizar que continúe.
También refirió que es necesario que el gobierno federal considere la creación de un nuevo organismo que financie a los microempresarios, especialmente a los emprendedores jóvenes que salen cada año de las universidades.
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¿El contenido de las reformas energética o judicial podrían complicar la renegociación del T-MEC?
—Desde luego, que es ponerse —el propio país— obstáculos en el camino, no tendría que ser un problema, pero desafortunadamente la reforma judicial, por lo pronto, está aprobada, varios lo estamos impugnando, pero sí podría llegar a ser un problema: cuando una empresa extranjera se sienta vulnerada en un derecho, que fuera a denunciar que el órgano resolutor no es completamente autónomo, y eso sí está en el T-MEC.
La parte energética puede ser también motivo de controversias y, especialmente, por lo que dice el T-MEC, la desaparición de órganos desconcentrados y reguladores, como el caso de la Comisión Reguladora de Energía, como el caso de telecomunicaciones, la de hidrocarburos, sí hay un riesgo grave de que se diluyan estos órganos que le han dado mucha certidumbre a la inversión.
¿Cuál es su agenda?
—En mi caso, en particular, por un lado, acompañar desde la cámara el proceso de negociación del T-MEC, sabemos —y ya el secretario de Economía presentó su programa sexenal— que es el tema.
Yo siempre he dicho que el T-MEC es la principal política pública de este país, tenemos que garantizar que así continúe, es muy probable que tengamos una renegociación el 26, entonces, para llegar a un punto, digamos de encuentro, es importante que eso se vaya construyendo. Por otro lado, hay una necesidad de modernización de muchas de las leyes, para no particularizar, que tienen que ver con la del emprendimiento, con la libertad de empresa.
Yo creo que se requiere un nuevo organismo que financie a los emprendedores; lo armó el presidente [Enrique] Peña, el INADEM, y fue una de las primeras decisiones de eutanasia política que llevó a cabo el anterior gobierno, al desaparecerlo. Seguramente el INADEM tuvo sus errores, pero si el gobierno actual quiere que haya, sí apoyo sociales para los ninis, sí apoyos con mejores salarios para quienes están trabajando en la parte público-privada, pero es absolutamente indispensable que tengamos más jóvenes y personas que egresan de las universidades, que tengan algún apoyo del gobierno para poder emprender.
Para mí, una de las prioridades es lograr que se constituya un nuevo organismo que apoye, financie y acompañe a quienes quieran emprender, no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de los microempresarios, que tienen de un trabajador a cinco trabajadores, necesitamos que haya una economía que llegue hasta abajo, y yo creo que en complemento con lo que hace la gran empresa, contratando personal masivamente, ahí hay una oportunidad importante.
Por otro lado, tenemos que repensar el modelo de coordinación fiscal, es decir, que de los pendientes, es el megacentralismo que se ha detonado.
¿Qué le parece la actual estrategia de seguridad?
—Valoro el hecho de que en la presentación de la estrategia se haya roto un mito que se había construido: que no existían los cárteles como responsables principales de la inseguridad. Celebro que se esté dejando esta visión, digamos, de negación, y que se reconozca que el Estado mexicano tiene un riesgo real por esos cárteles.
¿Qué no me gusta de la estrategia de seguridad? La apuesta por la militarización, yo creo que la Guardia Nacional no debió haberse involucrado en la Sedena. Implica un riesgo mayor, porque a la larga se está dejando a los municipios, a los estados, con una fuerza muy limitada, se les está liberando de una responsabilidad fundamental, que es la seguridad.
Nosotros pensamos que el modelo militarista no es el correcto. Tenemos que construir políticas públicas para que las fuerzas policiales más próximas, que son las municipales y las estatales, puedan tener suficientes recursos, personal y entrenamiento, para que paulatinamente podamos lograr lo que nos interesa, que es recuperar la paz.
