Lejos de fortalecer los contrapesos institucionales, la reforma judicial podría erosionarlos al someter a ministros, magistrados y jueces a una lógica de subordinación frente al Ejecutivo y Legislativo, advierten académicos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
En el informe México: Seguridad Ciudadana y Democracia, coordinado por el Programa de Seguridad Ciudadana de esa casa de estudios, se menciona que esta reforma se suma a otras regresivas que debilita el Estado de derecho y la legitimidad democrática.
Entre ellas, se encuentran la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la creación del Sistema Nacional de Inteligencia.
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El documento, coordinado por el académico Ernesto López Portillo, recuerda que el 5 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta de reforma al Poder Judicial, argumentando que buscaba atender las causas estructurales de la impunidad y la falta de justicia, en particular la ausencia de independencia judicial.
La iniciativa incluía cambios sustantivos como la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros; la creación de un nuevo órgano de administración judicial independiente de la Suprema Corte, y el surgimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial.
La versión final de la reforma, publicada el 15 de septiembre de 2024, incorporó medidas como la implementación gradual del nuevo modelo, un proceso electoral previsto para junio de 2025, la creación de una Escuela de Formación Judicial, y mecanismos de evaluación para las personas juzgadoras electas por voto popular.
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“La reforma ha generado fuertes cuestionamientos por sus riesgos a la independencia judicial. El voto popular podría poner en riesgo la autonomía judicial, al exponer a jueces y magistrados a presiones de actores políticos, económicos o incluso del crimen organizado”, menciona.
Indica que se ha señalado también que el Tribunal de Disciplina podría convertirse en una herramienta de control político sobre decisiones judiciales, debilitando aún más la independencia del Poder Judicial.
Por otro lado, explica el documento, la reforma no apunta a resolver problemas estructurales como la impunidad o la baja calidad de la justicia, ni incluye medidas efectivas para mejorar el acceso o la eficiencia del sistema.
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Finalmente, lamentó el contexto y el momento de dicha reforma, la cual fue presentada en un escenario electoral, al final del sexenio presidencial, y estuvo acompañada de una narrativa que deslegitima al Poder Judicial en su conjunto, al tacharlo de corrupto, sin distinguir entre casos individuales y la institución en general.
La investigación también refiere que las reformas recientes en materia judicial, de seguridad, transparencia y sistema penal representan un riesgo para el equilibrio institucional.
“En lugar de fortalecer el marco de derechos, muchas tienden a consolidar el control punitivo del Estado y ampliar facultades sin contrapesos, incluso del sector castrense”. recalca.