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Para especialistas en medio ambiente, la reforma energética aprobada en la Cámara de Diputados es de luces y sombras, pues por un lado, le apuesta a la estabilidad financiera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), pero generará contaminación ambiental porque continúa en la dirección de consumir combustibles fósiles en lugar de fuentes de energía renovables.
“El artículo 27 de la Constitución establece, en términos muy generales, la propiedad que tiene el Estado de los recursos naturales, los que incluyen el petróleo, el gas, minerales, y en términos de la transición energética, lo que eso significa es que el Estado tiene herramientas jurídicas para hacer un uso diferenciado de esos recursos.
“La parte que suprimieron priorizaba el uso de energías renovables por encima de hidrocarburos como pueden ser el petróleo o el gas. Entonces, al eliminarlo, lo que hace el Estado es reducir ese compromiso que tiene con el uso de fuentes renovables y por tanto, seguir apostando por combustibles fósiles como el gas que son contaminantes”, explicó Carlos Asúnsolo, investigador del Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA) a EL UNIVERSAL.
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El también experto en Justicia Ambiental por la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y Activismo Jurídico añadió que es un mito que esta reforma será benéfica para la soberanía energética nacional pues casi 80% del gas que se utiliza en el país proviene de Estados Unidos y, aunque sí suma un poco, realmente no convierte a México en un país independiente en la materia.
“No hay realmente una apuesta a la soberanía más allá de que se hable de refinerías, que se hable de producción nacional. Hoy en día estamos muy lejos y precisamente el gas que se consume en México viene de Estados Unidos. No hay una real apuesta a la soberanía nacional o un avance significativo.
“No nos da soberanía y no nos acerca a cumplir nuestros compromisos de cambio climático, porque aunque es una energía menos sucia que el petróleo, en el caso del gas, pues sigue generando una gran cantidad de emisiones y creo que eso es preocupante en un contexto de crisis climática, de emergencia climática como el que estamos viviendo”, manifestó.
Asúnsolo detalló que la reforma aprobada por el Congreso de la Unión tiene verdaderos impactos al seguir apostando por combustibles fósiles, particularmente por el gas, mismo que es considerado por algunos como un combustible de transición, pero no constituye un beneficio al medio ambiente, ni a la economía, ya que requiere de una infraestructura que, además de costos económicos muy importantes, tiene una permanencia prolongada en el tiempo.
“El gran problema va a ser la contaminación ambiental que va a generar y algunos problemas que puede generar en la revisión del Pemex, porque existen compromisos. Es decir, la preponderancia puede afectar intereses de nuestros socios comerciales, de Estados Unidos y de Canadá, porque ellos también tienen una agenda verde”, dijo José Antonio Salazar Andreu, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP).
Explicó a EL UNIVERSAL que el apoyo que se dio a Pemex y a CFE durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue muy grande, de tal suerte que disminuyeron los pasivos principalmente de la empresa productiva del Estado.
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“El punto es que CFE y Pemex tienen una relación muy intensa porque el combustóleo es un subproducto de la refinación de nuestro petróleo. Pero Pemex ya no tenía salida financiera. En cambio, si se lo vende CFE y ésta a su vez nos lo vende a nosotros los mexicanos, digamos que ahí está una salida financiera para mantener, primero, la estabilidad financiera de ambas empresas y, segundo, la soberanía energética.
“¿A qué me refiero con eso? Porque cualquier inversión en energías eólicas o solares es muy cuantiosa y requiere de más recursos públicos o del concurso de la iniciativa privada. La presidenta Claudia Sheinbaum quiere fortalecer a Pemex y CFE, que sea para el consumo nacional la producción de petróleo, y gran parte de ese petróleo se vuelve combustóleo”, expuso.
Argumenta que anteriormente, la CFE usaba plantas a ciclos de gas, “pero teníamos que importar el gas natural y eso no nos da soberanía energética”. Salazar aseguró que en los últimos años ha aumentado 34% el consumo de combustóleo y 60% el de carbón. “Entonces, el tema es que queda claro, para bien o para mal, cuáles son las prioridades de la administración”, indica.
