El Poder Judicial sí necesita una reforma, pero para fortalecerlo, no para que el Titular del Ejecutivo federal se entrometa en su autonomía, señala Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Lamenta que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador tenga la intención de desmantelar al Poder Judicial de la Federación, plan que, incluso, podría provocar una crisis económica si se avala junto a las otras reformas constitucionales que presentó el pasado 5 de febrero.
Expone que la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular, donde tengan que hacer campaña, sólo busca “abaratar” los requisitos para desempeñar el cargo, y que sea “más fácil para que lleguen los que el Poder Ejecutivo proponga”.
Lee también: "Plan C debe preservar la seguridad económica": canciller de Canadá
Por el contrario, dentro de las propuestas que le parecen viables, está modificar la estructura del Poder Judicial para que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no dependa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿Qué opina de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador?
—Yo creo que aprobarla como la propuso López Obrador, es una verdadera locura. Primero, porque es desmantelar al Poder Judicial, y eso es peligrosísimo. Los jueces van a meterse a hacer política, van a depender de partidos. Lo que se necesita son técnicos capacitados, personas con trayectoria profesional y mucho conocimiento de Derecho, y eso no se demuestra con campaña, sino con la evaluación, con la práctica dentro del propio Poder Judicial. Entonces, eso sería caótico.
¿Habría alguna forma de detener la reforma judicial?
—Yo creo que se debe observar lo que pasa con la economía en estos días, de aquí a septiembre. Ya vimos, simplemente el anuncio de que ganaron con una mayoría tan amplia en la Cámara de Diputados y el Senado puso a temblar a los mercados y se cayó el tipo de cambio, se cayó la Bolsa Mexicana de Valores, y se cayeron las inversiones. Si se llega a aprobar esta iniciativa, y se avalan otras de las que se plantearon, el impacto puede ser muy difícil para la economía, y eso yo creo que ningún presidente entrante, en este caso Claudia Sheinbaum, querría empezar su gobierno en medio de una crisis económica, y además cuando vienen elecciones en Estados Unidos, eso la dejaría en una posición muy débil, y hay que negociar el tratado comercial el año que entra.
Entonces, ¿no es viable reformar al Poder Judicial?
—Se pueden hacer reformas al Poder Judicial, pero que no afecten lo fundamental, sino que lo fortalezcan, que no lo debiliten. Que se haga, por ejemplo, una organización mejor del Consejo de la Judicatura, que no sea dependiente de la propia Corte, como es ahora.
También requerimientos para los propios jueces sistemas de evaluación y de control de calidad, de su actividad. Creo que lo importante tiene que ir por ahí.
¿Cuál es la intención de la reforma de crear un Tribunal de Disciplina Judicial?
—Tratar de tenerlos asustados. Dentro del Poder Judicial ya hay un órgano de sanción, o sea, como hay contralorías internas, sí hay procedimientos administrativos internos para sancionar a los jueces y, de hecho, funciona. Cuando hay comisión de delitos, pues entonces se va a los tribunales. Yo eso no lo veo necesario.
La iniciativa plantea que el Ejecutivo tendrá facultades para proponer a los integrantes del Tribunal de Disciplina y de un órgano de administración, ¿es viable?
—Yo lo que creo es que el Ejecutivo no tiene que meterse para nada en el Poder Judicial, debe ser un órgano totalmente autónomo del Ejecutivo, y la única razón de que el Ejecutivo quiera meterse, es tener cierto control y tener gente dentro, o sea, por lo menos así es como ha funcionado en este gobierno, entonces, es un riesgo que yo no le veo sentido, y no me parece sano que el Poder Ejecutivo esté metiéndose, especialmente, para sancionar jueces.
¿Qué es lo que se debe buscar? ¿Que los Poderes tengan requisitos y se garantice servidores eficientes, honestos y capaces?
—Ese, yo creo, que es el punto central de cualquier reforma que se haga importante a nivel constitucional, no abaratar los requerimientos, no hacerlo más fácil para que lleguen los que el Poder Ejecutivo proponga.
