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A sus 26 años, Karla Flores recuerda de toda la vida los accidentes en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato. Nubes amarillas y densas como la que el 23 de julio llenaron el cielo desde la instalación de Pemex.
Las otras veces que esto ocurría, su familia la encerraba en casa y le daba un vaso de leche “para evitar intoxicaciones”. Días antes, en la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León, hubo un accidente muy similar.
“Ya nos acostumbramos a las alergias. Somos como mutantes, como broma local nos llamamos las tóxicas —dice Flores—. Las autoridades no hacen nada al respecto, porque ellos creen que con sus comunicados ya todo está resuelto”. Ella y sus amigos, por la contaminación, nunca se han bañado en el río Lerma.
Tras los incidentes, Juan Carlos Jiménez, director General de Medio Ambiente de Salamanca, y Manuel Vital, secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, presentaron denuncias por los hechos ocurridos en las refinerías ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), que ya inspeccionó ambas plantas.
Lo que es casi seguro es que la ASEA no pondrá multas monetarias a las refinerías. Desde su creación en agosto de 2014 hasta enero de 2020, la Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales, encargada de inspeccionar las seis refinerías y la decena de Complejos Procesadores de Pemex Transformación Industrial, ha puesto tres multas.
Fueron poco después de su creación y sus montos ascendieron a 73 mil pesos, 182 mil y 2 millones 582 mil contra la refinería Miguel Hidalgo, en Hidalgo, el complejo de proceso de gas Matapionche, en Veracruz, y la refinería Ing. Amor, en Guanajuato.
La falta de mantenimiento en las plantas de Pemex, de acuerdo con expertos y antiguos trabajadores de la petrolera consultados, agrava y aumenta el riesgo de accidentes mortales y ambientales.
Esta falta de mantenimiento fue reconocida por la secretaria de Energía. Rocío Nahle, cuando recién llegada al cargo adjudicó la declinación de la producción a la falta de mantenimiento de las refinerías. Recuperar la capacidad de refinación en México es prioridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está dedicando miles de millones de pesos en rehabilitaciones.
En el caso de la refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Nahle anunció el 15 de julio que se han destinado, de 2019 a 2020, 4 mil 110 millones de pesos y llevan 10 de 15 reparaciones mayores. Días después, la nube amarilla salió de la refinería.
“Se dejó de asignar mucho presupuesto para las reparaciones, la compra de material y equipo”, explica un antiguo operador de la refinería de Salamanca, que pidió no dar su nombre. Durante los sexenios anteriores, dice, se abandonó el mantenimiento.
Algunos de los equipos, añade, que requerirían mantenimiento, ya no funcionaban, por ello, el personal tenía que buscar trucos y artimañas para “echar a andar el equipo”. Cuando él salió de la refinería ya estaba muy deteriorada y siempre pensó que si no se le daba el mantenimiento correctamente, seguiría fallando.
Para Bernardo del Castillo, vinculado desde 1993 con proyectos de energía y petróleo, y quien ahora trabaja desarrollando proyectos de energía y agua para ACWA Power, esa capacidad de los operadores de Pemex para “echar a andar el equipo” sin las condiciones óptimas es magia, un arte disfrazado de ciencia.
“La verdad es que mientras el operador mantenga un promedio, retrasas el mantenimiento todo lo posible, ya que es lo que te cuesta menos dinero. Lo hace Pemex y muchas refinerías en todo el mundo”, asegura.
“El problema es que cuando quieres operar algo así, te expones a dos cosas: dañar el equipo de forma irreversible y los accidentes —explica Del Castillo—; en el oil&gas, los accidentes ocurren por error humano o errores de mantenimiento”. Así, por ejemplo, las explosiones de San Juanico, Estado de México, en 1984 —que acabaron con más de 500 personas— fueron agravadas por la falta de mantenimiento.
“Si miras el estado de las instalaciones que pertenecen a Pemex, se ve que es bastante malo desde hace décadas”. Y recuerda que unos conocidos daban mantenimiento y siempre que tenían que escoger entre la opción óptima y cara o hacer un arreglo, preferían la segunda alternativa.
Para Del Castillo, la ASEA se quedó en una buena idea. “Pemex necesitaba un regulador que asegurara que las instalaciones fueran seguras. Tiene la facultad de poner de rodillas a Pemex y que no puedan arrancar sin cumplir sus recomendaciones, pero en la práctica no ocurre”.
El equivalente en Estados Unidos sería la Environmental Protection Agency, que desde 2000 ha obligado a 112 refinerías por todo el país a invertir 7 mil millones de dólares en tecnologías de control, ha impuesto multas por más de 116 millones de dólares y ha obligado a realizar proyectos medioambientales por otros 116 millones de dólares. Estos 116 traducidos a pesos son 2 mil 500 millones para el cambio actual.
Tragedias
En cinco de las seis refinerías de Pemex hubo 22 muertes por accidentes de trabajo, la mitad de ellas ocurrieron en Ciudad Madero, Tamaulipas, según indican datos obtenidos vía transparencia de 2009 a 2019. La refinería de Salamanca en Guanajuato es la única que no registra ningún deceso, pero hay reportes de que el 23 de marzo de 2017 dos trabajadores fallecieron tras una explosión. Entre 2014 y 2018 hubo 119 accidentes no mortales en las seis refinerías del país.
Según documentos de la propia ASEA, se realizaron siete visitas de inspección para verificar las acciones de seguridad recomendadas en cada una de las refinerías entre 2018 y 2019. En 2018, por ejemplo, la agencia hizo mil 139 observaciones a cinco refinerías y cuatro complejos procesadores, de las cuales se atendieron 517 en ese año (45%).
Para considerar las sanciones, la agencia debe contemplar la gravedad, las condiciones económicas del infractor, si es reincidente o no o el carácter intencional o negligente de la infracción. Considera como atenuantes que “el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la agencia imponga una sanción”.
Preguntada al respecto, desde la ASEA reconocen haber impuesto solo tres multas, pero aseguran que en todas sus visitas de inspección “han establecido medidas correctivas que permiten atender las observaciones que se derivan en las vistas de inspección, que en muchos de los casos son mucho más costosas en términos económicos que las multas” y que consideran este proceso más efectivo que el pago de una sanción económica.
Según la agencia, a partir del programa de autoinspección iniciado en 2017 se observaron más de mil “brechas operativas” en las refinerías y centros de proceso de gas y se ponderaron de acuerdo a su riesgo.
Luego, en “sincronía con los presupuestos autorizados del regulado”, se han solucionado según su prioridad. En caso de accidente grave, hay que realizar una investigación para difundir las causas “a instalaciones similares para prevenir su repetición”.
“En México tenemos un sistema de refinación muy viejo. Las refinerías que no están actualizadas son tres, y las que están actualizadas, que son las otras tres, fueron escándalos con malas decisiones, corrupción, falta de transparencia (...) hay un problema estructural muy severo que viene de hace muchos años”, explica Daniel Romo, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y autor de Refinación de petróleo en México y perspectiva de la Reforma Energética.
El Sistema Nacional de Refinación, según los últimos datos, rozó 40% de su capacidad instalada.
Un ejemplo de esas malas decisiones se puede ver cuando la Auditoría Superior de la Federación inspeccionó en 2018 la rehabilitación de la refinería de Cadereyta, en Nuevo León. “Se determinaron 128 millones de pesos pendientes por aclarar [y se] pospuso en dos ocasiones el mantenimiento, por lo que se puso en riesgo al personal y la integridad mecánica de los equipos”.
“La ASEA tiene una posición muy conservadora. Si las refinerías ya caminan mal y los recursos son escasos, da la impresión de que su posición es dejar hacer y que la industria y la refinación no opere pegada a lo que la normatividad dicta. La infraestructura está muy dañada y el mantenimiento ha estado salpicado de malas prácticas (...) Creo que la ASEA se dedica más a la parte preventiva que a la punitiva, es una política del gobierno de tolerancia”, concluye Romo.
