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Durante el análisis de las reformas sobre el fuero a funcionarios de Tamaulipas, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá recordó el desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2005, cuando este era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.
Tras avalar que los congresos locales tienen la última palabra cuando la Cámara de Diputados solicite un juicio de procedencia para proceder por delitos federales, el ministro señaló que en la controversia constitucional que interpuso la entonces Asamblea Legislativa contra este asunto argumentó que era la legislatura local la que debía decir.
Este asunto es de una importancia trascendental para la República, no es totalmente novedoso para este Alto Tribunal. Recordemos el caso del desafuero del hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
En un asunto similar, es decir, en la controversia constitucional 23/2005, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal hizo valer que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, es decir, Andrés Manuel López Obrador debía de recibir el mismo trato constitucional que el resto de los gobernadores de las entidades federativas y que, por lo tanto, (y enfatizo en este punto) era la Legislatura local quien debía tener la última palabra sobre el proceso de desafuero.
Vale la pena (aquí) reproducir algunas porciones de la demanda en que esto quedó plasmado, y dice: "…Corresponderá a la legislatura local decidir si opta por separar de su encargo al Jefe de Gobierno y retirarle la inmunidad que le corresponde para ponerle a disposición de las autoridades competentes, o si, por el contrario, conviene a los intereses públicos de la sociedad en general y de los habitantes, ciudadanos y vecinos en particular, mantenerlo en el ejercicio de sus funciones, con la inmunidad referida, hasta el término del periodo para el cual fue electo por el pueblo.
"Esa evaluación atañe, exclusivamente, al Poder Legislativo local al que se equipara a la propia Asamblea actora y no al Federal. Es que en este sentido no es un argumento ni se trata de una lectura de la Constitución totalmente novedosa la que nos propone el día de hoy la ministra Ríos Farjat. Este reclamo ha surgido siempre como una de las defensas del federalismo y la oposición a la persecución política en nuestro país", expuso.
“La Asamblea Legislativa, del entonces Distrito Federal hizo valer que el jefe de Gobierno del Federal, es decir, Andrés Manuel López Obrador, debía de recibir el mismo trato constitucional que el resto de los gobernadores de las entidades federativas y que por lo tanto era la legislatura local quien debía tener la última palabra sobre el proceso de desafuero”.
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