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Los alumnos, maestros y trabajadores de cuando menos 45 mil 168 escuelas de nivel primaria, secundaria y preescolar del país están expuestos a “riesgos de salud evitables” por estudiar en planteles que operan con daños estructurales o que fueron construidos sin apego a la ley.
En este panorama, el gobierno federal planteó hace unos días desaparecer el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), institución que se encarga de construir y normar la edificación de planteles educativos, y entregarle el dinero directamente a las comunidades escolares para que construyan, remodelen o reparen las escuelas.
“En al menos una tercera parte de esas escuelas de educación básica, los integrantes de las comunidades escolares están expuestos a riesgos de salud evitables dada la potencial vulnerabilidad en la que se encuentra la infraestructura”.
La “potencial vulnerabilidad” que detectó la Secretaría Educación Pública (SEP) “cobraría particular relevancia” en las zonas del país que tienen mayor propensión a “agentes destructivos”, como fenómenos naturales.
De 145 mil 704 planteles que se encontraban en su base de datos al levantar la encuesta, 30% tiene fallas estructurales y 33.4% funciona con estructura atípica, es decir, “con edificaciones que no se apegan a la normatividad establecida por el Inifed”, según el Formato 911, un censo que elabora la SEP.
El 1 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que con el ciclo escolar 2019-2020 arrancará el programa La escuela es nuestra, que consistirá en “entregar de manera directa, sin intermediarios, a los comités de maestros, alumnos y padres de familia de cada plantel educativo el presupuesto indispensable para la construcción, la reparación de aulas y el mantenimiento”.
Anteriormente, López Obrador había dado a conocer la desaparición del Inifed, que desde hace dos sexenios regula la construcción de escuelas para que sean seguras.
Investigadores consideraron que la medida que propone el Presidente puede poner en riesgo la comunidad de los planteles.
El argumento es que sólo los especialistas en materia de construcción como ingenieros y arquitectos tienen las competencias técnicas necesarias para asegurar que las escuelas tengan la calidad necesaria para que estos planteles sean seguros e higiénicos.
En el sismo de 2017 cerca de 20 mil escuelas de 11 entidades tuvieron afectaciones, pero sólo una escuela primaria, que no contó con supervisión para su edificación y ampliación ni de las autoridades educativas ni de las delegaciones, el Colegio Rébsamen en la Ciudad de México, se vino abajo y 26 personas perdieron la vida.
Bernardo Naranjo, exconsejero del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), indicó que en los sismos de 2017 en las escuelas públicas no se perdieron vidas, pues si bien “no son muy modernas ni las más bonitas”, son “muy seguras. Los planteles están diseñados para fungir como refugio o albergue de la población en caso necesario. Por ello tienen las más estrictas normas de construcción”.
En 2008, durante la administración de Felipe Calderón, se expidió la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y se creó el Inifed para participar en la elaboración de Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas para construir escuelas. Con Enrique Peña Nieto, el Inifed operó el programa Escuelas al CIEN, así como la reconstrucción tras el sismo.
Naranjo reconoció que el Inifed tiene problemas, como que no tiene criterios claros para distribuir el dinero, pero que se debe mantener el establecimiento de normas y la supervisión.
Manos de especialistas
En entrevista con EL UNIVERSAL, Pablo Iván Ángeles Guzmán, académico de la UNAM y diseñador de estructuras metálicas, consideró como muy peligroso el que la reconstrucción de edificios de planteles educativos esté a consideración de profesores y padres de familia; esto debe estar a cargo de especialistas en la materia, afirma.
“Hay un alto riesgo de que la reconstrucción de escuelas esté a criterio de personas no profesionales en la construcción y rehabilitación. Los riesgos van desde que se refuerce de menos o de más, porque tampoco es bueno que haya mayor cantidad de varillas o más concreto, porque puede causar daños también; es por eso que estos trabajos deben ser hechos por especialistas”.
“Los especialistas hacemos modelos matemáticos para simular movimientos que puedan afectar a las escuelas, como por ejemplo los sismos, en los que hacemos cálculos de carga para reforzar áreas que puedan resultar dañadas”.
Hace unos días, este diario reportó que la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México (AIAM), delegación Oaxaca, advirtió de posibles consecuencias graves porque la reconstrucción de escuelas no cuente con especialización para realizar las obras.
La asociación alertó que la mayoría de las escuelas dañadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017 en la región del Istmo de Tehuantepec resultaron dañadas porque fueron construidas por autoridades locales sin especialización.
