Más Información
pedrovillaycana@eluniversal.com.mx
Aun cuando se calcula que el saldo del movimiento estudiantil de 1968 fue de 78 muertos y 31 desaparecidos, sólo tres personas han realizado los trámites ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y han sido reconocidas como víctimas por las acciones del Estado mexicano realizadas hace 51 años.
En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV indicó que el organismo cuenta con el registro de dos víctimas directas y una indirecta relacionadas con dicho acontecimiento.
En el oficio 0063300073019, la comisión indicó que a estas tres personas se les ha brindado representación jurídica, así como valoración socioeconómica con el objetivo de gestionar su reparación integral ante el Comité Interdisciplinario Evaluador.
“Se cuenta con el registro de dos víctimas directas y una indirecta relacionadas con dicho acontecimiento [el movimiento estudiantil de 1968].
“A dichas víctimas se les han brindado representación jurídica y se les realizó una valoración socioeconómica, con la finalidad de gestionar su reparación integral ante el Comité Interdisciplinario Evaluador”, indica el documento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Fuentes consultadas en el gobierno federal comentaron que el que únicamente haya tres personas consideradas como víctimas responde a que muchos de los participantes del movimiento estudiantil, el cual cumple más de medio siglo, desconocen que pueden exigir ser incluidos en esa categoría y acceder así a los beneficios.
Burocracia frena accesos. Una de las tres víctimas reconocidas por la CEAV es Rodolfo Echeverría, quien sobrevivió a un interrogatorio realizado por Miguel Nassar Haro días después del 2 de Octubre de 1968. El hombre afirmó que hasta el momento no ha recibido ningún apoyo por parte de este organismo.
“No he recibido ningún apoyo hasta ahora. La institución sigue su dinámica burocrática igual”, dijo.
En julio de 2018, Rodolfo Echeverría —quien pasó más de tres años en la cárcel de Lecumberri acusado de más de 10 delitos, como invitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, robo, despojo, acopio de armas, homicidio— comentó a esta casa editorial que exigía al Estado mexicano aceptar su participación en los hechos del 2 de Octubre de 1968, que quedara establecido jurídicamente y que se le entregara una compensación económica como reparación del daño.
“¿Cómo van a repararme tres años de cárcel?, ¿con una disculpa? No. Son tres años en los que mi familia pasó por angustia y problemas, tres años de encarcelamiento injusto.
“Si el Estado mexicano reconoce que cometió esas faltas tiene que reponer esto”, aseguró.
En septiembre del año pasado, el entonces titular de la CEAV, Jaime Rochín, reconoció que en el movimiento estudiantil de 1968 se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos, por lo que se determinó una reparación colectiva específicamente de memoria, así como el reconocimiento de todas las víctimas.
Además, Rochín precisó que de manera individual los afectados podrán iniciar un proceso para la reparación de los daños.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asume esta responsabilidad, reconoce a las víctimas del movimiento estudiantil [de 1968] y trabajará por su dignidad”, comentó en aquella ocasión.
