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El juez Décimo de Distrito en el estado de Sinaloa dijo estar impedido para conocer el amparo tramitado por la magistrada federal, Sonia Rojas Castro, contra el decreto de promulgación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La ley establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República, quien según lo anunciado por el próximo titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, percibirá 108 mil pesos mensuales.
En el acuerdo de recepción de la demanda de amparo el juez dijo ser potencial quejoso de los actos reclamados por la magistrada, sobre todo porque aún no vence el término para presentar amparos contra la ley.
“El suscrito estimó que mi imparcialidad estaría afectada al resolver el asunto al tratarse de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”, señaló.
“Tales disposiciones combatidas se encuentran dirigidas a todo servidor público, como en la especie el que suscribe al ser destinatario de dichas normas, cuyo contenido es de mi interés particular, por lo que pudiera derivarse el riesgo de un quejoso potencial de la legislación reclamada, pues al día de hoy no vence el plazo para la presentación de la demanda reclamo de la misma”.
Añadió que los juzgadores, independientemente de su función jurisdiccional, también son personas físicas, sujetos de derechos, intereses “con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios” y que en ocasiones pudieran presentarse situaciones relacionadas con su función que podrían mermar su imparcialidad.
