Los actos de narcoterror ocurridos en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California podrían ser la respuesta del crimen organizado a un viraje de la política de seguridad nacional que, en los hechos, cambiaría los “abrazos, no balazos” por acciones más contundentes contra el crimen organizado, consideran expertos en seguridad.
En entrevistas con EL UNIVERSAL, los especialistas opinan que este viraje en el modelo de combate al crimen obedecería a presiones de Estados Unidos.
Raúl Benítez Manaut, David Sauce y Edgar Ortiz Arellano coinciden en que con los ataques a la población civil, vehículos particulares y distintos negocios ocurridos esta semana en diferentes estados del país, el crimen organizado manda el mensaje al gobierno federal de que no está dispuesto a someterse.
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“El mensaje es de poder, también de causar miedo a la población, para que el gobierno no haga nada contra ellos porque reaccionan como lo hemos visto”, señala Raúl Benítez Manaut.
El experto en temas de seguridad y Fuerzas Armadas e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descarta que los recientes atentados en vía pública e inmuebles estén conectados, pues responden a lógicas distintas.
“El de Ciudad Juárez responde a una lógica y el de Guanajuato y Jalisco a otra. En Guanajuato y Jalisco fue, definitivamente, el Cártel Jalisco Nueva Generación, porque el Ejército realizó un operativo y no se sabe si capturaron a líderes porque el gobierno ha respondido con gran hermetismo, pero este grupo provocó violencia básicamente en tiendas de conveniencia”, explica
En tanto, detalla, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Los Mexicles, brazo armado del Cártel de Sinaloa, tenían la encomienda de atacar a civiles, debido a que dos de sus integrantes presos fueron asesinados por el grupo contrario.
“Buscan el terror entre la población y lo están consiguiendo, por lo que el gobierno federal debe actuar con mucha contundencia, nada de abrazos, mucha inteligencia, que no haya violencia y, lo mejor, tener una estrategia gubernamental con golpes certeros antes de que ellos tengan capacidad de respuesta”, añade Benítez Manaut.
En ese sentido, coincide el especialista en seguridad pública, David Sauce, quien afirma que, al parecer, las células del CJNG actuaron con la instrucción de no atacar a la población civil en la medida de lo posible, mientras Los Mexicles fueron directo contra ciudadanos y comercios.
“Sin importar quién sea, todos los grupos criminales recurren de manera regular a la táctica del narcoterrorismo y el gobierno federal no tiene ninguna estrategia para combatir este tipo de eventos, no hay, no existe”.
A su parecer, el grupo criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación, reaccionó de la manera que se vio en Guanajuato, Jalisco y Baja California por un viraje silencioso del gobierno en su estrategia de seguridad.
“Me da la impresión de que hay un viraje silencioso del gobierno federal en su estrategia de abrazos, no balazos. En Jalisco y Guanajuato iban a capturar a los cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación e iban a desmantelar la estructura criminal, eso significa un viraje silencioso”.
Afirma que lanzar órdenes de captura contra integrantes de alto perfil del CJNG significa romper con una máxima que el Presidente había marcado en contra de narcotraficantes de alto nivel. “Si el gobierno federal sigue con esta estrategia, los cárteles responderán con narcoterrorismo”.
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Y añade: “el Presidente no quiere aceptar que hay narcoterrorismo porque tiene temor que salga en los titulares en las prime- ras planas, en la opinión pública nacional e internacional, teme el señalamiento de que bajo su gobierno hay actos de narcoterrorismo. Éste es un problema de imagen y hay que sacrificar la imagen por la seguridad”.
Para el académico de la UNAM y especialista en temas de seguridad, Edgar Ortiz Arellano, el gobierno federal no debe ceder su capacidad táctica y operativa ni mucho menos su presencia territorial en aquellos lugares en los que hay fuerte presencia del crimen organizado.
“Es imperioso que las Fuerzas Armadas y los órganos encargados de la seguridad del país no se dobleguen ante estas acciones de terror, porque estamos viendo también que los programas sociales, por sí mismos, no resuelven el problema del crimen organizado”, sostiene.
Ortiz Arellano indica que los grupos criminales mandan señales muy claras al gobierno federal de que no están dispuestos a someterse y que cualquier intento de interferir en los asuntos ilícitos, tendrán consecuencias severas especialmente sobre la población.
“El crimen organizado está utilizando técnicas y tácticas terroristas y su objetivo es sembrar miedo, incertidumbre y terror entre la población. Con esto, quiere mandar la señal de que el gobierno es débil ante lo que pueden realizar”.
Por lo que considera necesario que la persecución de los delitos se realice de manera efectiva para castigar al crimen organizado.
“No se puede normalizar la violencia ni la cultura del narcotráfico ni del crimen organizado. Lo digo porque existen regiones del país en los que el narco y el crimen organizado ya son algo normal. Y no es así. El crimen organizado, cuando ve que sus intereses son afectados, de inmediato ataca a la población civil y lo hemos visto recientemente. No atacaron a las Fuerzas Armadas, sino a los civiles”, resalta.
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